El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas ha suspendido la vista convocada este lunes para resolver la demanda que reclama anular la venta de 2.393 acciones de la UD Las Palmas a su presidente, Miguel Ángel Ramírez.
La transacción se cerró en 2017 con Seguridad Integral Canaria (SIC), empresa en proceso de liquidación y anterior titular del paquete de títulos cuestionado ahora por el administrador concursal de SIC.
Todos de acuerdo
Es la segunda vez que se suspende la celebración de la vista por el incidente de reintegración, que fue admitido a trámite en junio de 2023.
En esta ocasión, todas las partes implicadas en el litigio mercantil han estado conformes en aplazar la sesión, incluido el propio administrador y promotor de la acción emprendida para recuperar las acciones, así como los abogados José María Aranda y Sergio Armario, que representan a Ramírez y a Sport Trade Capital en el pleito, respectivamente.
La decisión de suspensión se ampara en el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite a las partes disponer del objeto del litigio para explorar el acuerdo.
De fondo, además, existe un factor jurídico determinante: la prejudicialidad penal de los recursos existentes en el Tribunal Supremo, los cuales afectan a situaciones que podrían influir en el concurso de acreedores, entre ellas si Ramírez era o no el administrador de hecho de SIC.
La prejudicialidad penal
La resolución de esos recursos no sólo tiene preferencia sobre el pleito civil y mercantil, sino que podría condicionar la querella de la Fiscalía en la que se apoya el administrador concursal para cuestionar el precio pagado por las acciones.
Ramírez ha sido absuelto dos veces por la Audiencia Provincial de Las Palmas, tras determinar el tribunal que no ejercía como administrador de hecho de SIC en el periodo investigado.
Tanto el auto de sobreseimiento libre como la sentencia absolutoria se encuentran actualmente en el Supremo. Si el alto tribunal confirma que Ramírez no controlaba la compañía en la sombra, esta decisión tendría un impacto directo sobre el resto de los procesos.
Esta, al menos, es la estrategia defensiva del empresario, que busca debilitar la querella por insolvencia punible de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria. Ambas consideran que realizó diferentes operaciones para eludir los embargos por el fraude de SIC, entre ellas la venta de la acciones de la UD.
Reclamación de 2,4 millones
El procedimiento que ahora queda en suspenso corresponde a un incidente de reintegración admitido a trámite el 7 de junio de 2023. El administrador concursal, Juan Carlos Santos Barja, busca rescindir la operación del 25 de septiembre de 2017, fecha en la que SIC vendió a Ramírez las acciones del club por 224.942 euros. La cantidad se corresponde con el valor nominal de los títulos y el pago se ejecutó mediante compensación de deuda.
La administración concursal sostiene que el valor real de dicho paquete accionarial en el momento de la firma era de 2.449.450,87 euros, basándose en el patrimonio neto de la entidad deportiva.
Luego, en 2018, Ramírez traspasó dichos títulos a Sport Trade Capital SLU para una ampliación de capital. La demanda exige recuperar las acciones para la masa activa del concurso o, subsidiariamente, condenar al empresario a abonar los 2,44 millones de euros de su valor real estimado.
El contrapunto de la defensa
Frente a las pretensiones de la administración concursal, el empresario y sus abogados defienden la legalidad de la transacción. Insisten en que las acciones se traspasaron a precio de mercado, aplicando el mismo criterio de valoración utilizado en otras ocasiones.
Asimismo, restan impacto a la controversia recordando que los títulos en disputa representan un porcentaje muy pequeño del accionariado total del equipo amarillo y recalcan que, ante cualquier contratiempo que pudiera surgir con la operación, el consejo de administración de la UD Las Palmas cuenta con un derecho de compra preferente para adquirir esas acciones.
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