Nuevo giro judicial en el conflicto por el futuro de la cementera de Santa Águeda. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado paralizar de forma cautelar el desmantelamiento de las instalaciones de Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) en el puerto del sur de Gran Canaria mientras se resuelve el procedimiento abierto contra la decisión de Puertos Canarios.
La resolución supone un importante alivio temporal para la compañía cementera, que había recurrido la decisión del ente público autonómico de poner fin a la prórroga de la concesión y exigir el desmontaje de las instalaciones industriales situadas en Santa Águeda, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
En suspenso
El auto judicial acepta las medidas cautelares solicitadas por la empresa y deja en suspenso cualquier actuación material dirigida a la retirada o demolición de las infraestructuras del puerto hasta que exista una sentencia firme sobre el fondo del conflicto.
La magistrada considera que ejecutar ahora el desmantelamiento podría provocar daños irreversibles para la actividad industrial y para la propia concesionaria en caso de que posteriormente la Justicia terminara dando la razón a Ceisa.
Perjuicios de difícil reparación
El juzgado entiende que desmontar las instalaciones portuarias —incluidas naves y grúas— podría ocasionar perjuicios “de imposible o difícil reparación”, además de generar una pérdida de funcionalidad y de capacidad productiva que resultaría muy difícil revertir si el fallo final fuese favorable a la empresa.
La resolución judicial llega apenas un día después de que el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, anunciara públicamente que el organismo autonómico acudiría a los tribunales para exigir a Ceisa el desmantelamiento de la cementera ante la falta de un plan de retirada de las instalaciones.
Importancia estratégica
El conflicto enfrenta dos visiones opuestas sobre el futuro del puerto de Santa Águeda. Mientras Puertos Canarios considera que la continuidad de la cementera ya no encaja en este enclave portuario del sur de Gran Canaria, la empresa defiende la importancia estratégica de la actividad industrial y alerta de las consecuencias económicas que tendría su cierre.
En el procedimiento judicial, Ceisa sostiene además que ejecutar el desmontaje antes de resolver el litigio vaciaría de contenido el recurso presentado contra la extinción de la concesión, ya que aunque posteriormente obtuviera una sentencia favorable, la demolición ya habría sido ejecutada.
Problemas de suministro
La compañía argumenta igualmente que el cierre de la instalación podría provocar problemas de suministro de cemento en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, además de afectar a la actividad de la construcción en el Archipiélago.
La empresa también cuestiona la viabilidad logística de trasladar la operativa a otro puerto, al asegurar que actualmente no existe una infraestructura alternativa preparada para la descarga de determinadas materias primas vinculadas a la fabricación de cemento.
Resolución anterior
El auto judicial hace referencia además a una resolución anterior de julio de 2025 en la que ya se había anulado la denegación de la prórroga de la concesión administrativa, un antecedente que la magistrada tiene en cuenta a la hora de valorar la existencia de indicios jurídicos favorables a la posición de Ceisa.
La decisión no entra todavía en el fondo del asunto, pero sí bloquea temporalmente la hoja de ruta impulsada por Puertos Canarios y mantiene abierta la batalla judicial sobre uno de los enclaves industriales más sensibles del litoral de Gran Canaria.
El caso de Santa Águeda se ha convertido en uno de los principales frentes económicos y territoriales del sur de la isla, en un contexto marcado por el debate sobre el equilibrio entre actividad industrial, transformación urbanística y desarrollo turístico en la zona de El Pajar y San Bartolomé de Tirajana.