Puertos Canarios prepara la vía judicial para exigir a la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) el desmantelamiento de su cementera en el puerto de Santa Águeda, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, después de que la compañía no haya presentado el plan de retirada de las instalaciones solicitado por el ente público autonómico.
El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, confirmó este jueves que el organismo regional tendrá que reclamar judicialmente la entrega de la parcela y el cumplimiento de la orden de desmontaje al haber expirado —o estar a punto de hacerlo— el plazo concedido a la empresa para comunicar cómo ejecutaría el cierre y retirada de la planta industrial.
Acuerdo del consejo
La decisión se produce después de que, en diciembre de 2025, el consejo de administración de Puertos Canarios notificara a Ceisa que debía cesar su actividad en este enclave portuario y presentar en un plazo de seis meses un plan detallado de desmantelamiento de las instalaciones que ocupa en Santa Águeda.
Sin embargo, según explicó Moreno, la empresa no ha remitido todavía esa documentación al Gobierno de Canarias, lo que aboca el conflicto a una batalla judicial entre ambas partes.
Medidas cautelares
El responsable del ente autonómico señaló además que la propia compañía ya ha acudido a los tribunales para intentar frenar la decisión administrativa adoptada por Puertos Canarios. En concreto, Ceisa ha solicitado medidas cautelares contra el acuerdo del consejo de administración que pone fin a la prórroga que le permitía seguir operando en el puerto del sur de Gran Canaria.
Puertos Canarios sostiene que “no procede” que la cementera continúe ocupando este espacio portuario, una posición que ahora queda pendiente también del criterio de los juzgados, ya que la petición de medidas cautelares presentada por la empresa aún no ha sido resuelta.
Reclamación judicial
La situación abre un nuevo capítulo en el largo conflicto sobre el futuro del puerto de Santa Águeda y el uso industrial de un enclave estratégico del litoral grancanario, donde durante décadas ha operado la cementera vinculada a Ceisa.
Moreno admitió que el escenario actual conduce inevitablemente a un procedimiento judicial para reclamar la recuperación efectiva de la parcela y obligar al desmontaje de las instalaciones industriales, dejando así el expediente “pendiente de una resolución judicial”.
El conflicto afecta además a uno de los espacios portuarios más sensibles del sur de Gran Canaria, en un contexto marcado por el debate sobre el futuro urbanístico y económico de la zona de El Pajar y Santa Águeda, donde desde hace años conviven actividad industrial, intereses turísticos y proyectos de transformación del litoral.