La investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria sobre el presunto fraude de Petrocan, filial de Cepsa, en la venta de gasóleo haciéndolo pasar por fuéloleo alcanza también a dos funcionarias de la Agencia Tributaria Canaria (ATC). En concreto, las dos investigadas son la entonces jefa de la Dependencia de Tributos a la Importación y Especiales —actual subdirectora de Tributos a la importación y Especiales— y la Subdirectora de Inspección y Planificación.
Según ha podido saber Atlántico Hoy, las dos subdirectoras de la ATC declararon este miércoles ante el juez que instruye el caso. Ambas están siendo investigadas por la presunta comisión de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y de malversación de caudales públicos. La investigación de la Fiscalía determina que durante el período comprendido entre los ejercicios 2016 y 2021, Cepsa podría haber cometido un presunto fraude de 7.773.298,38 euros a la Hacienda canaria. La Consejería de Hacienda ha declinado hacer valoraciones sobre los hechos investigados.
Las dos funcionarias de la ATC están siendo defendidas por un letrado de la comunidad autónoma, y es precisamente otro letrado de la comunidad autónoma el que se ha personado en la causa, a propuesta de la directora de la ATC, para defender los intereses de la misma.
Requerimientos de la fiscalía
Los investigadores creen que las responsables de la ATC no tomaron ninguna medida destinada a comprobar lo denunciado para evitar su reiteración y sancionar a los responsables, a pesar de estar al tanto de los hechos. La denuncia presentada en marzo de 2021 ante la Fiscalía se había interpuesto ante la ATC en 2019. En noviembre de 2020, el denunciante presentó una ampliación de la denuncia ante la ATC, en la que adjuntaba una prueba pericial realizada ante notario sobre el producto diésel oil elaborada por un laboratorio independiente que determinaba su naturaleza de gasóleo y no de fuelóleo, como se estaba vendiendo.
La primera actuación de la ATC se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2020. Desde la Dependencia de Planificación y Selección se remitió a la Administradora de Tributos a la Importación y Especiales de Las Palmas el expediente relativo a la mercantil Cepsa para que iniciaran las actuaciones que estimaran oportunas. El 1 de marzo de 2021 se llevó a cabo una segunda actuación en la que se dio traslado de la primera Dependencia indicada, a la segunda, de la ampliación de la denuncia y documentación adjunta.
El 30 de septiembre de 2021, la Subdirectora de la Unidad de Grandes contribuyentes de tributos a la importación y especiales remitió a la Dependencia de Planificación y Selección dos oficios de la Fiscalía Provincial relativos a la investigación. El 1 de diciembre de 2021, como aún no se habían iniciado las actuaciones gestoras, pero sí tenían conocimiento por lo anterior de la investigación de la Fiscalía, el expediente relativo a Cepsa se envió a la Dependencia de Inspección para que iniciaran las actuaciones de comprobación e investigación.
Investigación paralizada durante 29 meses
"Se ha podido comprobar que esta práctica sistemática de aparente fraude fiscal llevada a cabo por Cepsa era conocida (...) por responsables de la Agencia Tributaria Canaria, encargada de la gestión, fiscalización, inspección y sanción de este tipo de prácticas, relativas a este impuesto, y directamente perjudicada por dicha dinámica, sin que por los mismos se hayan tomado, pudiendo y debiendo hacerlo, medida alguna efectiva destinada a comprobar lo denunciado, y en su caso, a evitar su reiteración y sancionar a los responsables", dice un decreto de la Fiscalía del pasado marzo al que ha tenido acceso este medio.
Los investigadores deducen que desde finales de julio de 2019 hasta el 1 de diciembre de 2021, 29 meses, la investigación dentro de la ATC estuvo paralizada sin justificación alguna. Es más, al denunciante se le abrieron dos inspecciones fiscales sobre los ejercicios de 2017 y 2019 en los que el requerimiento de la ATC estaba firmado por una de las investigadas. En total, la fiscalía requirió hasta en tres ocasiones a la ATC.