Creación de empresas en Canarias. / ARCHIVO
Creación de empresas en Canarias. / ARCHIVO

Más de 900 empresas canarias, en riesgo de devolver 11 millones en ayudas europeas tras un recurso

Según fuentes jurídicas consultadas, si se estimara el recurso presentado por los Registradores contra el ministerio de Óscar López por fondos Next Generation, las consecuencias podrían ser muy graves en Canarias

Álvaro Oliver González, redactor jefe en Tenerife

Más de 900 empresas radicadas en Canarias podrían verse obligadas a devolver las ayudas públicas recibidas a través del programa Kit Consulting si prosperan los recursos contencioso-administrativos interpuestos por el Colegio de Registradores de España contra el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por el ministro Óscar López.

El impacto económico en el Archipiélago superaría los 11 millones de euros ya percibidos en subvenciones, mientras que, a escala nacional, la cifra podría alcanzar los 300 millones de euros correspondientes a los fondos distribuidos en el conjunto de España.

Conflicto competencial

La controversia tiene su origen en el papel asignado al Consejo General del Notariado (CGN) como entidad colaboradora en la gestión de estas ayudas, canalizadas a través de Red.es, organismo público empresarial dependiente del ministerio.

En 2022, Red.es selló un acuerdo con el CGN para agilizar la tramitación de solicitudes vinculadas a los fondos Next Generation. La misión de los notarios consiste en facilitar información sobre los beneficiarios y los denominados agentes digitalizadores.

Funciones de control

El objeto de la colaboración del CGN es doble: por un lado, verificar que quien solicita una subvención en nombre de una sociedad tiene su representación legal, ya sea como administrador o como apoderado general o especial.

Por otro, establecer mecanismos de control relativos a la titularidad real, la ausencia de conflicto de interés entre solicitante y beneficiario, y otros sistemas de prevención del fraude en la concesión de ayudas.

Exigencias europeas

Estas actuaciones resultan esenciales al tratarse de fondos de la Unión Europea, ya que las autoridades españolas deben facilitar información al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), entre otras instituciones comunitarias.

La normativa europea exige que el Estado destinatario recabe esa información “a efectos de auditoría y control”, garantizando que quien solicita la subvención dispone de representación válida y que existen mecanismos eficaces de control.

La posición de los Registradores

El Colegio de Registradores sostiene que solo el Registro Mercantil puede proporcionar información acerca de la vigencia del cargo de administrador o de los poderes inscritos. A su juicio, las órdenes ministeriales que articulan la colaboración con el Notariado invaden competencias propias del Registro.

Además, los Registradores consideran que Red.es no tiene legitimación para solicitarles determinada información y que las funciones atribuidas son ajenas a sus competencias, motivo por el que han interpuesto recursos ante la Audiencia Nacional.

Posibles consecuencias

Según fuentes jurídicas consultadas, si se estimara cualquiera de los recursos, las consecuencias podrían ser muy graves tanto en Canarias como en el resto del Estado.

No solo habría que devolver los fondos ya entregados —unos 11 millones en Canarias y alrededor de 300 millones de euros en el conjunto de España—, sino que se produciría un posible descrédito en un momento especialmente sensible ante las instituciones europeas.

Fondos pendientes

España tiene aún pendientes de recibir 83.947 millones de euros vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), lo que añade relevancia a cualquier cuestionamiento sobre los mecanismos de control.

El conflicto se enmarca en el despliegue del Plan Europeo de Recuperación, aprobado tras la pandemia de la COVID-19 y dotado con 750.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica, la transformación digital y la transición ecológica.

El marco financiero

De esos 750.000 millones, 672.500 millones de euros se integraron en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dividido entre subvenciones no reembolsables y préstamos reembolsables.

España solicitó inicialmente en 2021 alrededor de 69.500 millones de euros en subvenciones y, posteriormente, en 2023, pidió 83.000 millones de euros en préstamos, alcanzando una asignación total de 163.801 millones de euros a 30 de junio de 2024.

Nivel de ejecución

A 30 de junio de 2025, España había recibido 79.854 millones de euros, lo que representa el 48,75% del total asignado.

De esa cantidad, se habían resuelto convocatorias por importe de 56.741 millones de euros, aunque los estudios más recientes estiman que la ejecución efectiva se sitúa entre el 25% y el 30% del total previsto.

El papel de Red.es

Red.es es una entidad pública empresarial que, cuando se crearon los fondos Next Generation, dependía del Ministerio de Economía, y actualmente depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Tradicionalmente ha gestionado fondos europeos como el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), el FSE (Fondo Social Europeo) y el propio MRR, actuando como entidad instrumental en la distribución de parte de los fondos comunitarios.

Programa Kit Consulting

Entre los programas gestionados destaca el Programa Agentes del Cambio–Kit Consulting, dotado con 300 millones de euros.

Para gestionar este volumen económico, la normativa atribuye al Consejo General del Notariado la condición de entidad colaboradora prevista en la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), con el objetivo de reforzar el control de los apoderamientos y de los beneficiarios.