La Fundación Puertos de Las Palmas ha realizado 26 contratos menores tras la llegada en marzo del año pasado de Betsabé Morales a la gerencia de la entidad, según los expedientes publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los cuales han sido analizados en la auditoría realizada por Puertos del Estado.

El objetivo de esa inspección es conocer el estado real de la Fundación, sobre la que pesa una recomendación de liquidación ante las dificultades de la Autoridad Portuaria para privatizarla, tal y como exige desde 2013 el Ministerio de Hacienda.

Ante este escenario pendiente de resolver, Puertos del Estado desplazó un equipo de auditores a Las Palmas de Gran Canaria, que estuvieron a finales de enero en la sede de la Fundación recopilando información durante tres días.

Al límite de lo legal

De los 26 contratos menores analizados, nueve fueron licitados por un importe máximo de 14.999,99 euros, bordeando de forma deliberada el límite legal de los 15.000 euros que establece la ley.

Esos nueve expedientes representan el 34 % del total de la contratación y representan el 60 % del importe de licitación. 

Los auditores han rechazado todas las alegaciones realizadas por la Fundación, por lo que las conclusiones de la auditoría son definitivas. Aquí va un resumen de las principales irregularidades encontradas.

Facturas infladas y relación laboral encubierta

Uno de los expedientes más señalados es el contrato adjudicado a Marcial J. Rodríguez de León, que es secretario de Cultura de Coalición Canaria (CC), partido al que también pertenece la gerente de la Fundación. Se le concedieron 14.200 euros para consultoría estratégica, pero los auditores han constatado que realiza labores administrativas ordinarias.

En concreto, Marcial Rodríguez invitaba a licitadores, gestionaba expedientes y remitía documentos a los auditores. El informe advierte de un riesgo alto de relación laboral encubierta (falso autónomo), con alta probabilidad de que la justicia declare al trabajador como indefinido no fijo. La Fundación alegó "fuerza mayor" por falta de personal, algo que los auditores rechazan porque la entidad ya tenía administrativos desde mayo de 2025.

Asimismo se detectaron pagos superiores a lo acordado: el contrato estipula mensualidades que no llegan a los 1.200 euros, pero la Fundación le abonaba facturas por importes superiores a los 1.400 euros. La Fundación alegó que se trata de un error del licitador que se regularizará, lo cual, en el mejor de los casos, evidencia una gran debilidad de control interno.

Conflicto con la empresa de la gerente

Otro de los puntos más controvertidos es el servicio de comunicación de la Fundación, que fue adjudicado por 8.400 euros a una persona autónoma. Los auditores señalan que uno de los tres presupuestos obligatorios se solicitó a la empresa Kinewa Ideas del País SL y, al revisar el Boletín Oficial del Registro Mercantil, descubrieron que la actual gerente de la Fundación había sido administradora solidaria de esa misma sociedad hasta el año 2023.

La entidad sostiene que no existe irregularidad porque la oferta de Kinewa fue rechazada al superar los 14.999,99 euros, pero los auditores consideran que hay conflicto de intereses por el mero hecho de invitar a esa empresa. La oferta presentada es mucho más cara que la ganadora y sólo un céntimo por debajo del límite autorizado para los contratos menores.

Los auditores hacen una valoración aséptica y no entran en más detalles, pero la adjudicataria ha trabajado para Kinewa, compañía que organizó los Premios Puerto de 2024, celebrados por la Fundación poco antes de la llegada de Betsabé Morales a la Fundación. Posteriormente ganaron un importante concurso público para llevar la comunicación de la Autoridad Portuaria.

Fuera de plazo, duplicados y facturas

Las irregularidades formales en el resto de los contratos afectan a la cobertura fotográfica de la Fundación, que fue adjudicada por 14.900 euros y no se facilitaron las invitaciones para participar, el presupuesto adjudicado carece de fecha de presentación y solo constan dos presupuestos en el expediente en lugar de los tres obligatorios.

Asimismo se le adjudicó un contrato de 13.791 euros a Publicidad Atlantis. El contrato preveía nueve actuaciones, pero en la factura emitida se cobraron 4.735 euro por sólo tres acciones. Lo más grave es que el acuerdo de rescisión por mutuo acuerdo se firmó el 29 de enero de 2026, con posterioridad a la emisión de la factura y cuando el contrato había vencido en septiembre de 2025. La inspección de Puertos del Estado se produjo precisamente a finales de enero 

La empresa DG Eventos se llevó 14.900 euros para la asistencia de la Media Maratón. Los auditores revelan que a esa misma sociedad se le había otorgado un patrocinio previo de 13.831,78 euros para el evento Gran Canaria SwimRun. Además, las otras dos empresas invitadas presentaron presupuestos por encima del límite de la licitación.

QRear Comunicación obtuvo 14.850 euros por el proyecto Un Puerto abierto para todos. La Fundación dio cinco días para presentar ofertas, pero el presupuesto de la empresa ganadora tiene una firma digital fuera del plazo establecido. La entidad alega que no fue así, pero no ha aportado ninguna evidencia documental que lo confirme.

Posible amaño

La gala de los premios de 2025 fueron para Publicidad Atlantis por 14.989,85 euros. La invitación para licitar se envió en octubre sin indicar precio máximo ni plazos. Sorprendentemente, la oferta de la empresa ganadora constaba en los archivos un mes antes y coincidía al céntimo con el precio final de la licitación, mientras que los competidores presentaron ofertas por encima del límite legal.

Un entrenador para correr

Los auditores también cuestionan contratos que no tienen nada que ver con los fines de la Fundación, como los 25 euros pagados por atleta para el entrenamiento de los participantes de la Media Maratón.

Además de considerar que un servicio de entrenamiento deportivo personalizado no se ajusta a los objetivos estatutarios de la entidad, la solicitud de ofertas no tenía fecha límite ni presupuesto máximo, y se consideraron solo las respuestas favorables, ocultando las ofertas de las empresas que no respondieron. Tampoco hay constancia documental de que el precio real fuera de 25 euros por persona y ni siquiera hay un contrato firmado.

Fraccionamiento de contratos

La Fundación destinó un total de 64.072,50 euros con la empresa de trabajo temporal Activa Empleo. En este caso, la irregularidad consistió en recurrir de forma reiterada y encadenada a contratos menores para cubrir puestos de trabajo que eran de carácter estructural y permanente dentro de la Fundación.

La ley prohíbe taxativamente fragmentar servicios recurrentes en contratos menores para evitar los principios de publicidad y concurrencia.