"Hay trabajadores que no duermen y están con ansiedad". Así definía el presidente del comité de empresa de Baleària Canarias para Atlántico Hoy el clima en los antiguos barcos de Naviera Armas, ahora repintados con el logo del armador alicantino y bajo la gestión de Adolfo Utor tras la compra de la compañía. Toda esa angustia viene a raíz del rumor que ha corrido como la pólvora entre los marinos de que Baleària pretende cambiar el pabellón de sus barcos para que sean chipriotas por motivos fiscales y burocráticos. Intención de la que, de momento, no hay más evidencia que el hecho de que otros barcos de la compañía de Utor están abanderados en Chipre.

La preocupación va mucho más allá de la bandera que ondea en la popa de un barco. Estarían en juego cuestiones laborales, fiscales, administrativas y de competitividad que llevan años enfrentando a navieras, sindicatos y administraciones. Hay que resaltar que, de momento, este debate es un futurible, y los representantes de los trabajadores de Baleària Canarias lamentan que algunos estén poniendo la venda antes de la herida. Con todo, merece hacer un análisis del escenario.

La propia Baleària ha asegurado que nueve de los 13 buques con los que opera actualmente en Canarias mantienen bandera española, al proceder de Naviera Armas, mientras que los otros cuatro navegan con pabellón extranjero. El Mercedes Pinto, buque estrella de la compañía en Canarias, es de hecho chipriota. La compañía sostiene que "no existe una ventaja económica en el uso de banderas europeas" y que la diferencia responde a la "agilidad administrativa en un contexto de escasez estructural de tripulantes en Europa".

¿Por qué una naviera elige un registro como el de Chipre?

Chipre, Malta o Madeira figuran desde hace años entre los principales registros marítimos europeos. A diferencia de los llamados pabellones de conveniencia extracomunitarios, forman parte de la Unión Europea y están sujetos a la normativa comunitaria y a los convenios internacionales sobre seguridad marítima y condiciones de trabajo.

Su atractivo radica en ofrecer un entorno especialmente competitivo para la gestión de las flotas. El propio sector marítimo español lleva años reclamando reformas para que el Registro Especial de Buques de Canarias (REBECA) resulte igual de atractivo. Este registro, vinculado al REF, nació con la intención de retener buques en los registros españoles con importantes ventajas fiscales, pero es notable que en los últimos años está perdiendo competitividad y no es porque en otros países se paguen muchos menos impuestos.

La diferencia entre ambos registros no se limita a los incentivos fiscales. Son factores de peso la rapidez para matricular un buque, modificar su propiedad, incorporar tripulantes, tramitar certificados o gestionar una flota que opera en varios países. El registro chipriota se ha especializado durante décadas en ese tipo de operaciones internacionales y cuenta con una administración marítima orientada a armadores que gestionan buques en distintos mercados. Las organizaciones empresariales españolas sostienen que el REBECA sigue presentando más trámites, una mayor dispersión competencial entre administraciones y más dificultades para incorporar marinos extracomunitarios, cuestiones que consideran determinantes en un contexto de escasez de tripulaciones.

Las principales reivindicaciones de las navieras (no solo Baleària, sino que es una tesis defendida por la patronal Aociación de Navieros Españoles, Anave) se centran precisamente en la simplificación de trámites administrativos, la contratación de tripulantes extracomunitarios, la coordinación entre administraciones, la aplicación de la normativa laboral y de Seguridad Social y la seguridad jurídica. De hecho, el Gobierno de España constituyó en 2023 un grupo de trabajo interministerial para estudiar varias de estas cuestiones, entre ellas la aplicación del Reglamento europeo Roma I a los marinos extracomunitarios enrolados en el REBECA, aunque sus avances son desconocidos.

El REBECA

¿Tiene ventajas el REBECA? Sí. El Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias nació precisamente para evitar que las compañías españolas trasladaran sus barcos a otros registros. Ofrece importantes incentivos fiscales y bonificaciones en las cotizaciones sociales, además de permitir un régimen más flexible que el registro ordinario español.

Sin embargo, tanto las organizaciones empresariales como distintas iniciativas parlamentarias aprobadas en el Congreso a instancia del diputado del PP canario Juan Antonio Rojas sostienen que esos incentivos ya no compensan las diferencias administrativas respecto a otros registros europeos.

El cabotaje, la clave para el caso Baleària

La clave de qué registro es más conveniente depende de la actividad del barco y, especialmente, dónde realiza el cabotaje. Esto es el servicio de ferris entre puertos españoles. Los ferris que realizan servicios interinsulares o entre la Península y Canarias están sometidos al régimen europeo de cabotaje marítimo. En estos casos, España puede imponer determinadas condiciones a los buques de bandera comunitaria que operan en esas rutas.

La Orden de 22 de julio de 1999 establece, entre otros aspectos, que estos buques deben respetar requisitos sobre la composición de la tripulación, los tiempos de trabajo y descanso, las vacaciones, la cobertura de Seguridad Social y una retribución mínima legal vigente en España.

Esto significa que el cambio de bandera no supone automáticamente que un ferry interinsular como los que navegan en Canarias pueda operar con condiciones laborales completamente distintas a las de un buque español.

Sí es cierto que en las rutas internacionales o que no realicen servicios de cabotaje el margen es mayor. En tráficos internacionales, el Estado de pabellón adquiere un peso mucho más relevante en materias relacionadas con la tripulación y la organización laboral, por lo que la elección del registro puede tener un impacto más amplio sobre la gestión de la flota.

¿Por qué preocupa a los trabajadores?

El comité de empresa de Naviera Armas ha insistido en que cualquier modificación que afecte a las condiciones laborales deberá negociarse con la representación de los trabajadores. Muchos de los marinos de la naviera no pueden dormir, temiendo que Baleària cambie el pabellón y los eche a la calle, como pasó recientemente con los barcos de la filial de Disa, Petrogás, que se abanderaron en Madeira y despidieron a decenas de marineros. En su lugar, la empresa contrató a marineros extanjeros y los despedidos acabaron en Fred. Olsen.

Entre los argumentos que se han planteado durante las últimas semanas figura la posibilidad de que un cambio de pabellón afecte al régimen de Seguridad Social, las cotizaciones, la contratación de tripulaciones o determinados derechos vinculados al empleo marítimo, pudiendo hacer más suculento para una naviera abanderar sus buques en Chipre. Aunque una naviera con pabellón extranjero tenga que mantener las condiciones españolas por ser de cabotaje interinsular, no necesariamente tendría que pagar estas cotizaciones en España.

Ese temor tiene además el mencionado precedente de Petrogás en Canarias, aunque presenta diferencias relevantes, ya que se trata de una empresa dedicada al transporte de productos petrolíferos y no de una naviera de cabotaje de pasajeros.

Los compromisos asumidos por Baleària

La autorización de la compra de los activos de Naviera Armas en Canarias estuvo condicionada a una serie de compromisos presentados por Baleària para responder a las objeciones planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo entendió que la operación podía reducir la competencia en varias rutas del archipiélago y exigió medidas correctoras.

Entre ellas figuran el mantenimiento de determinadas frecuencias y capacidad, la recuperación de la línea entre Morro Jable y Las Palmas de Gran Canaria, la disolución de la comunidad de bienes con Fred. Olsen en la ruta Huelva-Canarias y la prohibición de volver a establecer acuerdos similares durante tres años.

Los compromisos incluyen además el mantenimiento del empleo vinculado a los activos adquiridos y de la bandera española de los buques integrados en la operación durante ese mismo periodo. Se trata de una obligación asumida por Baleària dentro del expediente de concentración y que forma parte del paquete de condiciones aceptado por la CNMC para autorizar la adquisición. Ahora bien, el acuerdo no dice nada de dónde tienen que estar abanderados los barcos que no fueran de Naviera Armas y adquiera la compañía.