El proceso de selección para designar a la nueva gerencia de la Fundación Puertos de Las Palmas acumula retrasos y quejas por falta de transparencia.
Tras la dimisión de Betsabé Morales el pasado mes de julio, la presidenta de la Fundación y de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, se comprometió en la asamblea de patronos a encontrar nueva gerente en dos meses.
La Fundación inició el proceso selectivo a finales de julio, por la vía de urgencia, pero luego se incumplió con creces el plazo de cinco días que fijan las bases para publicar la lista de admitidos y excluidos, la cual no se hizo pública hasta septiembre.
El silencio de Calzada
La parálisis de los trámites iniciales motivó que una de las aspirantes presentase un requerimiento formal a la presidenta de la APLP para exigir la transparencia prometida y el cumplimiento de los plazos legales. La queja se cursó el 8 de septiembre y la lista de admitidos y de excluidos fue publicada por la Fundación a la semana siguiente.
Calzada, a través de su gabinete de prensa, ha rechazado explicar los motivos del retraso. Sostienen que la presidenta no forma parte del tribunal y tiene la obligación de mantenerse al margen para evitar injerencias
El incómodo regreso de la exgerente
La autora de la reclamación por la falta de transparencia y el retraso es, paradójicamente, la antigua gerente de la entidad, Ana Pérez, quien fue despedida con una elevada indemnización para propiciar la controvertida contratación de Betsabé Morales, hasta entonces cargo de confianza en el Gobierno de Canarias y vinculada a Coalición Canaria (CC), partido que controla tanto el Puerto como la Comunidad Autónoma. Apenas hubo un par de días entre el despido y la nueva incorporación, sin concurso de méritos o proceso selectivo.
Tras la dimisión de Morales este verano por las presiones de Puertos del Estado ante las irregularidades de su nombramiento, la Fundación abrió este concurso público al que Pérez se ha presentado con sólidas opciones. Su perfil cuenta con el aval de 20 años de experiencia en la APLP y cuatro años al frente de la gerencia de la propia Fundación.
Su confirmación en la carrera por el puesto tras forzar la publicación de la lista de admitidos coloca en una situación comprometida a Calzada y al propio tribunal calificador, pues los responsables del proceso deben evaluar ahora de forma objetiva a la misma profesional a la que la APLP forzó a salir para ejecutar el nombramiento a dedo de Morales, origen de la actual crisis institucional.
Además, si Pérez se impone al resto de candidatos -son cinco en vez de cuatro al corregirse la lista de admitidos- la Fundación tendría que volver a nombrarla gerente, una decisión difícil de explicar tras despedirla e indemnizarla con 200.000 euros. Esta situación, según las fuentes portuarias consultadas, es lo que ha empantanado el proceso de selección.
Ultimátum legal
En su escrito de requerimiento, Pérez denunció que el plazo de presentación de solicitudes finalizó el 31 de julio de 2026 y que la Base 7.1 de la convocatoria obligaba a la Comisión de Valoración a publicar la lista provisional en un máximo de cinco días hábiles. La omisión de este trámite bloqueaba el periodo de subsanación y la continuidad del proceso.
Solo después de que la candidata advirtiera formalmente de la vulneración de los principios de transparencia y amenazara con emprender acciones legales y administrativas en defensa de sus derechos, la Fundación procedió a desbloquear el trámite y hacer público el listado.
Méritos y entrevista
Superado este escollo, el accidentado concurso se encuentra actualmente pendiente de la valoración de méritos de los candidatos admitidos y de la entrevista final.
La decisión definitiva recae sobre una comisión de selección integrada por representantes de Hamilton, Boluda y Fedeport —todos ellos patronos de la fundación—, un factor que añade un nivel extra de complejidad e intereses cruzados.
La herida, pese a los premios Puerto entregados este miércoles, sigue abierta.
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