Los hijos de Santiago Santana Cazorla han enviado un escrito al juez para aportar hechos nuevos en su recurso contra la compra que llevó a cabo Lopesan de la mitad de las acciones de las sociedades Anfi Sales y Anfi Resorts, ubicados al sur de Gran Canaria. El movimiento, ejecutado el pasado 6 de febrero, permitió a la compañía de Eustasio López quedarse con el 100% del conglomerado hotelero.
La ofensiva, llevada a cabo por Alberto Santana Trujillo y su hermana Virginia, queda reflejada en un escrito presentado ante el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Las Palmas de Gran Canaria. Aseguran que los ocho millones pagados por Lopesan están muy lejos de los 83.667.569,53 euros en los que estaban tasadas las acciones dentro de la masa activa del concurso. Sin ir más lejos, en su momento acusaron a PKF Attest, el administrador concursal, de malvender Anfi y pidieron anular la subasta.
La oferta
El asunto se encuentra en manos de la justicia desde que unos días más tarde, el 17 de febrero, recurrió la venta —un tema que aún está pendiente de resolver—. La clave para entender por qué han dado ahora este paso de presentar el escrito no solo es esa, sino también la compra de hoteles que llevó a cabo Lopesan a Hermanos Santana Cazorla (HSC) y Mar Abierto (MA).
El capital social de ambas compañías está, de manera directa o indirecta, bajo el dominio del Grupo Santana Cazorla. Lopesan ofrecía, en un principio, 88,5 millones: 56.418.500 euros por los activos de Mar Abierto y 31.122.203 por los de Hermanos Santana Cazorla. Se trata de una oferta que no duró mucho tiempo sobre la mesa porque la justicia decidió inadmitirla el 7 de julio.
"Un perjuicio irreparable"
El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Las Palmas de Gran Canaria lo echó por tierra y la respuesta no se hizo esperar. Tanto la mercantil Oliva Inversión Internacional como Anfi Real Estate solicitaron suspender la subasta extrajudicial de los activos de Mar Abierto como medida cautelar.
Esgrimieron razones como que permitir la celebración de la subasta sin resolver los procedimientos abiertos ni analizar la oferta de Lopesan podría causar “un perjuicio irreparable a los intereses del concurso y de la totalidad de los acreedores”. En conclusión, no querían dejar escapar la propuesta porque sus términos eran “sumamente beneficiosos”.
"Una enorme diferencia"
Ninguna de sus explicaciones fue suficiente y la subasta se celebró el pasado viernes. Allí, Lopesan presentó una puja solo por los activos de Mar Abierto por un importe de 85 millones, cuando en la oferta inicial la cantidad era de 56,4 millones. “Demuestra que únicamente tenía por finalidad hacerse con los activos por un precio de derribo”, recoge el escrito.
“Ni mucho menos”, prosigue, “atendía al interés del concurso y de sus acreedores”. Los hijos de Santiago Santana ponen sobre la mesa que esa “enorme diferencia de más de 30 millones de euros” en el concurso de Mar Abierto “es perfectamente ilustrativa” de lo que habría sucedido cuando Lopesan compró el otro 50% de las acciones de Anfi en febrero si se hubiera gestionado de otra forma.
La subasta
En concreto, “si en vez de permitirse por este Juzgado que se hiciera un proceso de venta hecho a la medida de la oferta vinculante de Lopesan, se hubiera organizado, con el debido tiempo, estructura y razonabilidad, [así como con una] subasta llevada a cabo por entidad especializada que garantizara una verdadera y libre concurrencia de postores”.
“En este concurso, y precisamente por la falta de instrumentalización de un proceso de venta de verdadera libre concurrencia en interés del concurso y sus acreedores, tales participaciones se las adjudicó en última instancia Lopesan a través de su controlada Anfi International BV, por el exiguo precio de ocho millones”, incide el escrito.
Revertir la situación
Los hijos de Santiago Santana Cazorla exponen que el Juzgado “tiene todavía la oportunidad de revertir la situación existente mediante la resolución que se dicte como consecuencia del recurso de reposición interpuesto contra el Auto de 6 de febrero de 2025”.
“Solicitamos al Juzgado que recapacite, atienda al interés del concurso y que tenga en cuenta el razonamiento que existe detrás de las alegaciones que esta parte lleva meses formulando, a través de las cuales únicamente se pretende la revocación de una operación de liquidación completamente perjudicial para el interés del concurso y sus acreedores”, prosiguen.
Pero la cosa no queda ahí. Además, piden que revoque la resolución que autorizaba la venta de las participaciones sociales de AS y AR ,y se acuerde la liquidación de forma ordenada y por medio de un procedimiento que permita la maximización de su valor.