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Empresas

Santana Cazorla, una guerra entre hermanos que provoca un agujero de 300 millones de euros

La situación límite del conglomerado empresarial causa un maremoto que salpica incluso de forma indirecta al grupo hotelero de la familia López

X. Salvador

4 minutos

Santiago Santana Cazorla. / AH

Desde los tiempos de Caín y Abel, la historia ha estado plagada de enfrentamientos fraternos con consecuencias trágicas. Pero ninguno como el de Manuel y Santiago Santana Cazorla, dos hermanos grancanarios de origen humilde, que en las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo levantaron un imperio que ha colapsado poniendo en peligro el futuro de sus 800 empleados.

Dos años después de que su constructora Hermanos Santana Cazorla, SL fuese declarada en quiebra necesaria, Grupo Santana Cazorla ha desembocado en sendos concursos de acreedores de otras dos compañías del holding grancanario: la constructora Petrecan y la gestora de activos inmobiliarios Equipo Diez.

El motivo principal de la dramática situación de Santana Cazorla se encuentra en la guerra interna entre dos bandos y en los bloqueos constantes entre ambos en los órganos de gobierno de sus respectivas empresas. En ellas, los dos hermanos contaban con un 50% de la participación, ya fuese de forma directa o a través de familiares y de sociedades interpuestas. Como en el caso de 947 MSC Inversión Internacional y 959 Oliva Inversión Internacional, propiedad del primogénito Manuel Santana Cazorla, o de Bodegas Tirajana y Santana Servicios, controladas por Santiago, el hermano menor.

Una doble traición que vale unos pocos millones

El origen del conflicto se remonta al año 2011, cuando el grupo Anfi del Mar, coparticipado por Hermanos Santana Cazorla, SL y por los herederos del empresario noruego Björn Lyng, perdió la concesión de la Dirección de Costas para explotar los más de 145.000 metros cuadrados de zonas comerciales, deportivas y de ocio del complejo turístico Anfi del Mar, situado en la playa de La Verga, localización turística del sur de Gran Canaria. Ante esta circunstancia, y a través de una sociedad pantalla (Bulti Dior) administrada por su esposa, Santiago Santana Cazorla solicitó esta concesión con el compromiso de transferirla automáticamente de nuevo al grupo Anfi del Mar.

Tentado por los más de tres millones de ingresos anuales que suponía la explotación de esta concesión, Santiago decidió incumplir el compromiso, eliminando de la ecuación no sólo a sus socios noruegos sino también a su propio hermano. Una traición que supuso el inicio del declive de los Santana Cazorla, con la consiguiente fractura en los consejos de administración de sus empresas y una guerra judicial con infinidad de pleitos.

Manuel Santana Cazorla pasó entonces a engrosar la larga lista de afectados que ha ido dejando a su paso su hermano Santiago, acusado de quebranto patrimonial por el propio Manuel y sus socios en Anfi del Mar. Según ellos, Santiago Santana Cazorla habría descapitalizado la empresa, privándola de unos ingresos que habrían permitido hacer frente a los créditos reclamados por las entidades financieras. Un agujero financiero que ha terminado por ahogar a la totalidad del entramado societario del Grupo Santana Cazorla.

Siete empresas en concurso y deudas millonarias

La situación de insolvencia del holding acabó de evidenciarse en el consejo de administración celebrado en julio de 2021, cuando se anunció que el pasivo de créditos adeudado a las entidades financieras superaba los 300 millones de euros. Pero más allá de la matriz, que según los administradores concursales presenta un pasivo de 30 millones, otras seis empresas del grupo se encuentran hasta el momento en proceso concursal: las filiales de Anfi del Mar, Anfi Sales (con un pasivo de 162 millones) y Anfi Resorts (con 123 millones de pasivo); la citada Hermanos Santana Cazorla SL, con un pasivo de 217 millones; la hotelera Mar Abierto, con un pasivo de 88 millones; y la constructora Petrecam, con 27 millones de pasivo.

La gestora de activos inmobiliarios Equipo Diez se ha convertido en la última en incorporarse a la lista negra de empresas intervenidas del Grupo Santana Cazorla y en evidenciar un colapso colectivo del que Santiago Santana Cazorla sigue eludiendo responsabilidades. Lopesan, una ficción jurídica sin hechos contrastados Santiago Santana Cazorla se ha instalado en Marruecos desde 2016. Desde allí se permite no hacer frente a sus obligaciones fiscales y judiciales. En este sentido, su estrategia jurídica a la desesperada pasa por intentar ganar tiempo ante la justicia por cualquier medio o sistema. “Es una política de fuegos artificiales para aburrir a las partes y ganar espacio procesal”, sostiene un letrado conocedor del caso.

Lo ha intentado con un escrito dirigido al administrador concursal, en el que se acusa al empresario Eustasio López –copartícipe indirecto junto a Equipo Diez de Anfi Sales y Anfi Resorts– de haberse erigido en el administrador de hecho de la sociedad, y de haber provocado su insolvencia. El empresario señalado, sin embargo, ha tenido una implicación solo indirecta y hasta marginal. De hecho, el propietario de Lopesan no ha contado con poder de decisión alguno en el consejo de administración de las firmas insolventes. Lo que sí tiene el hotelero es una posición financiera saneada, suficiente para la maniobra de Santana de desviar la atención y centrifugar las responsabilidades.

Las fuentes jurídicas implicadas señalan que esta última acusación de Santiago Santana pone en evidencia la situación dramática de un empresario, que es el máximo responsable del desmoronamiento de un conglomerado empresarial antaño envidiado y, a la par, el individuo sobre el que recae en primera instancia el futuro incierto de 800 familias, y que hace tiempo que ha perdido todo el crédito tanto en sentido literal como figurado. También el de los jueces, que ya le han afeado alguna de sus conductas.