Strasse Fuji, nombre comercial de la empresa Fujiyama Strasse SL, uno de los restaurantes del grupo Strasse, ha ampliado su capital en 30.000 euros, pasando de 3.000 a 33.000, tal y como ha quedado reflejado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
El restaurante de comida japonesa, ubicado en la calle Celia Cruz de Santa Cruz de Tenerife, pertenece al mismo grupo empresarial que la polémica terraza Strasse del parque García Sanabria, que recientemente fue declarada insolvente por el Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz y que debe 150.000 euros por enganches ilegales a la luz del parque.
Distintas personas jurídicas, mismo dueño
Aunque pertenecen al mismo grupo, ambos restaurantes están gestionados por sociedades diferentes. En el caso del local del García Sanabria, que permanece cerrado por el caso de los enganches ilegales, la sociedad gestora que fue declarada insolvente es Strasse Park Tenerife SL. Esta sociedad y Fujiyama Strasse SL tienen un CIF diferente, aunque pertenezcan al mismo grupo y el dueño sea el mismo.
El administrador único de Fuji Strasse es Rafael López Martín, dueño a su vez de Prodigy Business SL, persona jurídica que administra la terraza Strasse del García Sanabria que fue declarada insolvente por un juzgado de lo Social y que debe en torno a 150.000 euros por enganches ilegales.
Enganches ilegales
El caso se remonta a varios años atrás. Los concesionarios originales de la terraza realizaron una conexión irregular al suministro eléctrico municipal y no avisaron al grupo gestionado por López Martín de esto cuando le traspasaron la concesión.
En 2021, los nuevos responsables del negocio adquirieron la sociedad. En ese momento, la deuda superaba los 80.000 euros. El Ayuntamiento de Santa Cruz se percató de los enganches a raíz de los confinamientos de la pandemia de la COVID-19, al observar los elevados consumos del parque que no se correspondían con el uso real de su electricidad.
El consistorio exigió la regularización de la instalación eléctrica mediante unas obras cuyo coste se estimó entre 30.000 y 70.000 euros, pero los nuevos propuetarios nunca llegaron a ejecutarlas ni pagaron el coste generado.
Juicio y absolución
En noviembre de 2024, el antiguo administrador fue procesado por estafa tras la denuncia de los compradores, que le acusaban de ocultar la conexión ilegal y la deuda, que en ese momento ya ascendía a 150.000 euros. Durante el juicio, la Fiscalía retiró la acusación penal al considerar que el conflicto era de carácter civil, y en junio de 2025 la Audiencia Provincial absolvió al exgestor.
Con la concesión ya caducada, el Ayuntamiento ordenó el cierre y desalojo del quiosco en diciembre de 2024, y el nuevo concurso para adjudicar el espacio quedó desierto en agosto de 2025.