Los comités de empresa de los hoteles Costa Taurito, Valle Taurito y Paradise Lago Taurito han mostrado su profunda preocupación por la adjudicación provisional al Grupo Lopesan de los establecimientos pertenecientes a Mar Abierto SL, que fueron propiedad del Grupo Santana Cazorla y que actualmente están en liquidación concursal. Las ofertas presentadas en el proceso rondan los 85 millones de euros, pero según los representantes sindicales, la propuesta de Lopesan resulta en realidad seis millones inferior a la de Martinón, pese a que formalmente aparece como la mejor valorada.

El informe elaborado por los comités sostiene que la supuesta ventaja de apenas 1.000 euros a favor de Lopesan encubre un perjuicio real de más de 6 millones de euros, una diferencia que aumenta si se consideran los costes indirectos y las consecuencias laborales y operativas derivadas de su planteamiento.

Riesgos económicos y laborales

De acuerdo con el análisis de los trabajadores, la oferta de Lopesan no garantiza el mantenimiento íntegro del empleo, dejando fuera a 15 empleados directos, al personal en excedencia y afectando al personal indirecto vinculado a los hoteles. Además, rechaza la subrogación de contratos esenciales, como los de Lavandería Mogán y el subarrendamiento del parque acuático Lago Taurito, lo que supondría despidos, pérdidas para proveedores localesy posibles incumplimientos con turoperadores.

El impacto económico negativo de esta propuesta se cifra en 6.125.447,31 euros, sin incluir los más de 7,9 millones en reservas confirmadas vinculadas al funcionamiento del parque acuático. También implicaría la pérdida de derechos laborales consolidados, como el uso del comedor de personal, los criterios de conciliación familiar y laboral y el acceso a los aparcamientos de los centros.

Favorable para el empleo

En contraposición, los comités destacan que la oferta del Grupo Martinón es más favorable para el empleo, la estabilidad y el interés general, ya que garantiza la subrogación completa de todos los contratos laborales, el respeto a la antigüedad y los derechos adquiridos, además de asegurar la continuidad total de la actividad productiva.

Los trabajadores subrayan que esta propuesta preserva el empleo directo e indirecto, contribuye a la cohesión social y protege al tejido económico local, evitando además que el proceso derive en indemnizaciones o costes adicionales para la masa concursal o el erario público.

Nulidad y transparencia

Los Comités de Empresa han solicitado la nulidad del auto de adjudicación provisional y exigen que el Administrador Concursal y el Juzgado de lo Mercantil valoren de forma integral e imparcial las consecuencias económicas, laborales y sociales de cada propuesta.

“No puede primar una diferencia simbólica de apenas mil euros cuando lo que está en juego son millones en pérdidas reales, centenares de empleos y la estabilidad del tejido productivo local”, advierten los representantes sindicales.

Asimismo, denuncian que hasta ahora no se les ha escuchado, a pesar de lo que establece la Ley Concursal sobre la participación de las partes afectadas. Confían en que sus alegaciones sean consideradas con rigor y que la decisión final tenga en cuenta el futuro de las más de 300 familias que dependen de estos centros de trabajo.