Los vecinos del casco viejo de Corralejo, en Fuerteventura, se han quedado solos ante el Tribunal Supremo (TS) en su intento de anular la sentencia que absuelve a diez acusados de estafa por la segregación de más de 60 parcelas en suelo rústico.
Estas propiedades no estaban registradas y tuvieron que ser peleadas por sus dueños en los juzgados civiles para no perderlas o evitar ventas fraudulentas a terceros.
Varapalo
Tras la exoneración de los acusados, entre los que hay varios promotores inmobiliarios, abogados e intermediarios, la Fiscalía de Las Palmas anunció el correspondiente recurso ante el TS, pero sus compañeros del ministerio público en el Alto Tribunal han rechazado los argumentos esgrimidos para plantear la impugnación de la sentencia, confirman fuentes judiciales y los abogados de las defensas.
Esto, en la práctica, deja sola en su intento de repetir el juicio a la acusación particular, que es ejercida por el abogado Sebastián Socorro Perdomo en representación de un centenar de afectados.
La casación interpuesta por el letrado privado sí ha sido admitida a trámite por el TS. Fue a finales de marzo, por lo que la Sala Segunda deberá señalar el día para deliberar y emitir una resolución.
16 años de pleitos
El fallo pondrá fin a un proceso que se inició en 2009 y que sentó a diez acusados en el banquillo, con peticiones de penas que llegaban hasta los cuatro años de prisión por estafa impropia.
En líneas generales, los denunciantes acusan a los investigados de aprovechar que los terrenos no estaban registrados para segregarlos y venderlos a terceros, comprometiendo con esas operaciones inmobiliarias sus casas, que fueron construidas en los años 60 y constituyen el origen de Corralejo.
Absolución
La Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas, sin embargo, entiende que se trata de un asunto civil, sin el plus del engaño que requiere la vía penal para condenar por un delito de estafa. De ahí que el 27 de junio de 2024 absolviese a los implicados en esas compraventas de solares, además de señalar a los compradores como los verdaderos perjudicados, y no a los titulares del suelo o denunciantes.
Contra esa sentencia se dirige ahora el recurso de casación interpuesto por Socorro, que alude a una vulneración de precepto constitucional e infracción de Ley para tratar de anular la sentencia exculpatoria.
Repetición del juicio
Los afectados reclaman la repetición del juicio al considerar que el tribunal no valoró de forma correcta la prueba documental aportada.
El abogado, en ese sentido, apela a un mapa de cómo era la zona en los años 60, en base a los documentos registrales, notariales y mercantiles que obran en la causa. Con esas escrituras y la configuración original del terreno trata de acreditar que los promotores inmobiliarios obraron de mala fe para enriquecerse a costa de los verdaderos propietarios del suelo.