La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha denunciado este viernes que el Ministerio de Transportes elimina la conexión marítima directa de la isla con la Península por no ser capitalina, lo que augura que agravará su desventaja estructural por la doble insularidad.
García ha respondido de esta forma a un escrito de la Dirección General de la Marina Mercante recibido este jueves y que, según ha asegurado en un comuncado, "confirma que la parada en Fuerteventura no forma parte de la Obligación de Servicio Público (OSP) de la línea marítima de interés público entre la Península y Canarias, al corresponder dicha obligación únicamente a las conexiones con las islas capitalinas".
Conexión marítima
El Ministerio señala que la escala en Fuerteventura se venía realizando como consecuencia de una mejora ofertada por la empresa adjudicataria, y no por una condición obligatoria del contrato. Por ello, la empresa adjudicataria ha eliminado la escala en la isla majorera.
Según reivindica la presidenta insular, "no parece razonable que el Estado permanezca impasible mientras una decisión empresarial altera un servicio esencial para nuestra isla y, mucho menos, que nos manifieste ahora que la conexión con Fuerteventura no es de interés público, quedando fuera de este servicio".
Reivindicación insular
La preocupación por la pérdida de la conectividad marítima con la Península ya había sido manifestada en numerosas ocasiones tanto por el Cabildo, como por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Parlamento de Canarias, "sin que hayan sido escuchados".
García ha lamentado que "el ministro no haya considerado de suficiente relevancia atender una reivindicación institucional que afecta directamente a la conectividad, la economía y la vida cotidiana de más de 127.000 ciudadanos y al tejido económico de toda una isla".
Impacto económico
Los primeros balances económicos apuntan a un incremento de los costes del transporte de más de un 70 %, al depender de enlaces a través de Gran Canaria.
"Un sobrecoste que repercute directamente en el precio de los productos, reduce la competitividad de nuestras empresas y termina soportándolo cada familia majorera", ha criticado García, quien ha insistido en que "Fuerteventura no pide un privilegio", sino que "exige el mismo trato que cualquier territorio cuando está en juego un servicio esencial para su población".
Próximas acciones
El Cabildo de Fuerteventura ha informado al Ministerio que impulsará cuantas iniciativas administrativas, institucionales, políticas y parlamentarias resulten necesarias para lograr este objetivo.
"Lo haremos porque la realidad demográfica, económica, social y territorial de Fuerteventura justifica plenamente esta decisión y porque no vamos a renunciar a una reivindicación que consideramos justa, necesaria y estratégica para el presente y el futuro de nuestra isla", ha manifestado.
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