La crisis ecológica por los vertidos contaminantes en el litoral de Telde da el salto definitivo a los tribunales. La empresa de acuicultura Aquanaria SL ha decidido judicializar el caso mediante la presentación de una denuncia interpuesta hace aproximadamente quince días, la cual está actualmente pendiente de asignación de juzgado.
Este movimiento ha provocado que la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Las Palmas archive sus diligencias de investigación interna y traslade todo el expediente a los Juzgados de Instrucción de Telde. El Ministerio Público encargó un informe pericial analítico al detectar "numerosas irregularidades" en la gestión de la depuradora de Silva, recoge un comunicado.
Pendiente de la pericial
De conformidad con el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Ministerio Público debe ceder la iniciativa una vez que el asunto entra en sede judicial.
La Fiscalía, en cualquier caso, no sólo sigue en el proceso como acusación pública, sino que remitirá al juez de manera inmediata la pericial analítica de impacto ambiental que pidió al Instituto de Ciencias Forenses el pasado 25 de mayo, clave para determinar si los vertidos al mar a través del emisario 222 constituyen un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Un impacto económico demoledor
El paso al frente de Aquanaria responde al monumental perjuicio económico y operativo sufrido en sus instalaciones. La compañía cifra las pérdidas directas en más de 15 millones de euros, una cantidad que evalúa únicamente la muerte fulminante del 40% de su producción de lubinas en talla comercial dentro de sus granjas marinas de Melenara y Salinetas.
A este impacto millonario hay que sumar los cuantiosos costes adicionales derivados de la gestión y retirada de los residuos biológicos, el transporte y el grave perjuicio reputacional.
Ante la persistencia de las irregularidades y la falta de garantías en la calidad del agua, la dirección de la empresa se está planteando adelantar a este mismo año 2026 el desmantelamiento total de sus jaulas marinas en la costa de Telde (previsto inicialmente entre 2027 y 2029), al considerar inviable y un riesgo inasumible mantener su actividad en la zona, según las informaciones hechas públicas por la empresa en diferentes momentos del incidente.
El origen y la reacción municipal
La crisis se remonta a octubre de 2025, cuando la aparición de una masa de peces muertos y la detección de contaminación obligaron al cierre cautelar de hasta 17 playas del sureste de Gran Canaria. Las pesquisas apuntaron de inmediato hacia la EDAR de Silva, instalación gestionada por la empresa mixta Aguas de Telde.
Tras hacerse pública la remisión del caso a los juzgados, el Ayuntamiento de Telde ha reaccionado mostrando su "satisfacción" por el avance del procedimiento.
El grupo de gobierno local reitera su compromiso de "colaboración absoluta" con la Justicia, asegurando que facilitará cualquier documento o informe necesario para que se esclarezcan los hechos con el máximo rigor y se depuren las responsabilidades penales correspondientes.
El Consistorio aclara que la comunicación emitida por la Fiscalía no formula pronunciamiento alguno contra el Ayuntamiento de Telde ni atribuye responsabilidad alguna a esta administración, limitándose a informar de la remisión de las diligencias al órgano judicial competente para la continuación de la investigación.
Detrás de esas buenas palabras e intenciones subyace un enfrentamiento soterrado con Aquanaria, que desde el primer apuntó a la depuradora como la causante de la mortalidad de sus peces.