El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Cabildo de Gran Canaria contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obligaba a la corporación insular a tramitar diez licencias de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC). La decisión del Supremo reaviva el conflicto legal sobre la aplicación de la proporción 1/30 entre VTC y taxis en el archipiélago, establecida en la Ley Canaria 13/2007.
El litigio comenzó cuando el Cabildo denegó diez autorizaciones VTC amparándose en dicha proporción. Sin embargo, en mayo de 2024, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas falló a favor de la empresa solicitante, ordenando la tramitación de las licencias. Una postura que fue ratificada meses después por el TSJC en febrero de 2025.
Diferencia con la Península
El Cabildo insiste en que la condición de insularidad de Canarias justifica restricciones más estrictas que en la Península, argumentando que la normativa autonómica debe prevalecer. Ahora, el Tribunal Supremo tendrá que determinar si la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en 2023 avaló el límite 1/30 en España, es directamente aplicable en Canarias o si, por el contrario, requiere un análisis específico.
"Esta resolución podría marcar un precedente crucial", señala el Cabildo, subrayando que el fallo no solo afectará al transporte en las islas, sino que también definirá hasta qué punto Canarias puede legislar con autonomía en esta materia. Mientras, el sector de los VTC espera una clarificación normativa, y el del taxi defiende las restricciones como necesarias para garantizar la sostenibilidad del servicio.
Tenso equilibrio
El caso pone en evidencia el tenso equilibrio entre la legislación europea, la autonómica y las particularidades territoriales, un debate que ahora llega al máximo tribunal español. La decisión final podría influir en futuros conflictos similares en otras regiones con características geográficas singulares.