El grupo de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Gran Canaria ha alzado la voz contra lo que califica de “agravio comparativo” en la financiación estatal de la dependencia. La portavoz nacionalista, Vidina Cabrera, anunció que presentará en el próximo pleno de junio una moción para instar al Gobierno insular a exigir al Gobierno de Canarias —y este, a su vez, al Estado— que igualen las aportaciones destinadas al sistema de atención a las personas dependientes y computen las inversiones de los cabildos.
Cabrera denuncia que Canarias solo recibe del Estado un 22 % del coste del servicio, mientras que comunidades como Cataluña alcanzan el 40 %, incumpliendo así el principio legal de cofinanciación 50/50 establecido en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. “Esta desigualdad impacta de forma directa en la calidad de los servicios que se prestan en Gran Canaria, una isla con índices de envejecimiento cada vez mayores”, subrayó.
Financiación justa
La moción nacionalista plantea abrir un diálogo institucional que involucre a todas las fuerzas políticas y agentes sociales para suscribir un pacto por la dependencia en Canarias. El objetivo: reclamar una financiación justa que respete la ley y contabilice las partidas económicas que los cabildos destinan cada año a sostener plazas residenciales, ayudas domiciliarias y programas de respiro familiar.
“Penalizar las aportaciones insulares limita nuestra capacidad de reforzar uno de los pilares del Estado del bienestar: el cuidado de nuestros mayores y dependientes”, advirtió Cabrera, quien pide “alzar la voz por Gran Canaria” ante Madrid para erradicar “un desequilibrio que vulnera el principio de equidad”.
Castigo de Madrid
La propuesta de CC se apoya en una moción aprobada en la Comisión de Derechos Sociales del Senado en 2022, que instaba al Ejecutivo central a restablecer la financiación al 50 % entre el Estado y las comunidades autónomas. “Ha llegado el momento de que ese mandato se cumpla y de que el Gobierno de España deje de castigar a las islas”, insistió la consejera insular.
Con esta iniciativa, Gran Canaria busca situar la financiación de la dependencia en el centro del debate político y garantizar recursos suficientes para un sistema que atiende a miles de familias en el archipiélago.