La empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria la nulidad de la resolución de Puertos Canarios que ordena su desalojo del Puerto de Santa Águeda, así como la suspensión inmediata de sus efectos hasta que exista una sentencia firme.
En un comunicado, la compañía califica de “temeridad inexplicable” la actuación de Puertos Canarios al promover el desmantelamiento de un puerto industrial en el que se desarrolla una actividad estratégica desde hace más de 70 años, pese a que el procedimiento judicial sigue abierto y existe una sentencia favorable en primera instancia a las pretensiones de la cementera.
Ceisa sostiene que la resolución administrativa es “frontalmente contraria” al fallo dictado por el juzgado, que anuló la desestimación de su solicitud de concesión y ordenó retrotraer las actuaciones para tramitar un nuevo expediente conforme a derecho. Esta sentencia, añade la empresa, fue completada con un auto de aclaración que reconoce que la cantera, la fábrica y el puerto “son un todo indivisible” para el desarrollo de su actividad.
Impacto en la actividad y el empleo
La ejecución de la orden de desalojo supondría, según la compañía, la paralización total o casi total de su actividad industrial, al afectar directamente al núcleo logístico y productivo de la empresa. El Puerto de Santa Águeda mueve cerca de medio millón de toneladas al año y es la única vía de entrada de materias primas esenciales para la fabricación de cemento, además de la salida del producto terminado hacia otras islas del Archipiélago.
Ceisa advierte de que la decisión de Puertos Canarios implicaría actuaciones irreversibles, como la demolición de instalaciones plenamente operativas, y alerta de que, en caso de confirmarse finalmente la sentencia favorable, sería necesario reconstruir lo demolido, con un coste superior a 38 millones de euros.
La empresa añade que la medida también tendría consecuencias de interés general, al comprometer el suministro de un producto estratégico en Canarias, el empleo de cientos de trabajadores, la estabilidad del sector de la construcción y la coherencia de las políticas públicas de sostenibilidad.
En este sentido, subraya que la pérdida del puerto obligaría a trasladar materias primas y producto terminado por carretera, con un aumento de la huella de carbono estimado en más de 3.000 toneladas anuales de CO₂, derivado del tránsito de cerca de 100 camiones diarios.
Pese a todo, Ceisa asegura mantener su confianza en la justicia y confía en que el juzgado adopte una decisión con la celeridad necesaria para evitar que el daño sea irreversible.