Cementos Especiales de las Islas (CEISA) ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra Puertos Canarios tras la decisión de denegarle la concesión para seguir explotando el puerto de Santa Águeda, en Arguineguín (Gran Canaria).
En un comunicado, la cementera califica la medida como una "decisión política arbitraria" que responde a los intereses de ciertos colectivos empresariales del sector turístico, interesados en el desarrollo de la zona.
Informe parcial
CEISA asegura que cuenta con diez informes favorables que respaldan su solicitud, entre ellos el de la Comisión de Santa Águeda, creada para determinar los posibles usos del puerto.
Según la empresa, la negativa de Puertos Canarios se basa en "un único informe desfavorable, elaborado de manera parcial y a medida de dichos intereses turísticos".
Actividad clave
La cementera, que opera en Santa Águeda desde hace años, defiende que su actividad es clave para la economía local y que tiene derecho a continuar utilizando el puerto bajo el marco de concesión.
"Vamos a llegar hasta el final en este litigio porque estamos convencidos de que la razón está de nuestro lado", afirma en su comunicado.
Industria vs turismo
La negativa del Gobierno de Canarias no es nueva. Ya el año pasado, el Ejecutivo había señalado que la concesión que permitía a CEISA operar en el puerto había caducado, justificando su decisión con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que prevé un uso turístico para el muelle.

Sin embargo, CEISA sostiene que esta medida responde a presiones de sectores turísticos que buscan aprovechar el valor estratégico del puerto en Arguineguín, lo que supone un desafío para la continuidad de su actividad industrial en la zona.
Impacto
El puerto de Santa Águeda está en el centro de un debate que enfrenta la preservación de la actividad industrial con la reconversión turística de Gran Canaria.
Mientras Ceisa apuesta por mantener su operación en el lugar, los planes turísticos de las administraciones públicas buscan convertir el puerto en un nuevo motor económico para el sector.
La batalla legal que se avecina podría sentar precedentes sobre el uso y la planificación de espacios estratégicos en Canarias, y marcar un punto de inflexión en la convivencia entre industria y turismo en la isla
