El enfrentamiento entre la empresa de acuicultura Aquanaria y el Ayuntamiento de Telde ha escalado en las últimas horas a raíz de nuevas discrepancias sobre la situación actual de las jaulas marinas afectadas por el episodio de mortandad excepcional registrado el 3 de octubre de 2025. Mientras la compañía insiste en que el incidente está "cerrado" y sus instalaciones operan "con normalidad", el Consistorio afirma contar con nuevas evidencias que demostrarían la persistencia de restos orgánicos y peces muertos en la zona de Salinetas.
En los últimos días, el Ayuntamiento había informado de nuevas evidencias de peces muertos en las jaulas marinas en la costa del municipio, más de un mes después de la detección del vertido. El consistorio asegura en un comunicado que estas nuevas evidencias estaban constadas por imágenes obtenidas por la unidad Unidron de la Policía Local este miércoles y jueves.
Cruce de acusaciones
El Ayuntamiento también asegura que la empresa ha estado llevando a cabo "labores intensivas de retirada y limpieza" este mismo jueves, lo que desde su punto de vista es una confirmación de los hallazgos. La empresa sin embargo, habla en términos de "vuelta a la normalidad en sus instalaciones" y asegura a través de otro comunicado que llevan "varias jornadas consecutivas sin registrar nueva mortandad excepcional" y que "operan desde hace aproximadamente dos semanas en situación de plena normalidad".
En contradicción con estas afirmaciones el consistorio asegura que la policía local dispone de un archivo audiovisual cronológico del episodio y sostiene que este material "contradice" las afirmaciones de Aquanaria sobre la ausencia de restos. También denuncia que, aunque había sido convocado para una inspección este viernes en las instalaciones junto a la Consejería de Pesca, la empresa denegó el acceso al alcalde y al equipo técnico municipal. La visita finalmente se limitará a un técnico del Gobierno de Canarias y de la ULPGC.
El alcalde, Juan Antonio Peña, ha solicitado la intervención urgente de la Guardia Civil, concretamente del grupo GEAS, para que realicen una inspección independiente del estado de las jaulas y del fondo marino. El Ayuntamiento considera la negativa de la empresa a permitir la entrada como "una obstrucción a la investigación".
Un vertido químico externo
Según Aquanaria, el incidente se desencadenó tras un vertido tóxico ajeno a su actividad, detectado inicialmente por un pescador que alertó de una mancha anómala en el mar por su coloración, olor y extensión. La empresa sostiene que las analíticas y estudios realizados por el IUSA, SERTOX, Ictiovet y su consultora ambiental TAXON descartan cualquier causa interna y apuntan a compuestos reducidos ricos en azufre provenientes de la zona del emisario 222, donde imágenes satelitales del sistema Copernicus muestran una mancha blanquecina de más de 500 hectáreas.
La compañía asegura haber colaborado «desde el primer momento» con SEPRONA, Fiscalía y administraciones competentes, aportando informes, imágenes subacuáticas y datos analíticos. Además, denuncia "irregularidades graves" en el sistema de saneamiento de la zona, constatadas -según afirma- en actas de inspección ambiental, y alerta de riesgos potenciales para playas, pesca, cadena trófica y salud pública.
Aquanaria rechaza «categóricamente» cualquier acusación sobre su responsabilidad en la mortandad y afirma ser «la principal perjudicada» por daños económicos y reputacionales. También ha denunciado ante la Guardia Civil la difusión de imágenes aéreas tomadas con dron en sus instalaciones, que atribuye al Ayuntamiento, alegando falta de autorización y riesgo para sus trabajadores.