El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de prisión impuestas a cuatro hombres por la agresión sexual a una turista en el Centro Comercial Puerto Rico, en el municipio grancanario de Mogán, ocurrida en diciembre de 2016. Los magistrados desestiman así el recurso de casación y ratifican la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Las condenas oscilan entre tres años y medio y ocho años y nueve meses de cárcel, además del pago de indemnizaciones a la víctima que suman 70.000 euros. Según la sentencia, los cuatro hombres se aprovecharon del estado de embriaguez y semiinconsciencia de la mujer, a la que violaron en el transcurso de una hora.
Uno de los acusados fue condenado a ocho años de prisión por agresión sexual, nueve meses más por intento de robo con violencia y al pago de 25.000 euros. Otro deberá cumplir seis años por violación y abonar la misma cantidad. Un tercer condenado recibió dos años por agresión sexual y año y medio adicional por cooperar en la violación de otro de los encausados, además de pagar 15.000 euros, la misma cantidad que el cuarto acusado, condenado a dos años por abuso sexual y otro año y medio por cooperación.
El Supremo respalda la prueba practicada
El alto tribunal rechaza los argumentos de los recurrentes, que alegaban falta de pruebas, ausencia del agente de la Guardia Civil que levantó acta de los vídeos y ausencia de análisis toxicológicos que confirmaran la embriaguez de la víctima. El Supremo considera que la sentencia recurrida realizó un “exhaustivo análisis” de la prueba, en el que constan las imágenes de los vídeos, las declaraciones de los agentes y las pruebas biológicas que encontraron ADN de los acusados en las ropas de la víctima.
El fallo destaca que, aunque no se efectuó una prueba de toxicidad, las grabaciones muestran que la mujer estaba bajo los efectos del alcohol, lo que se aprecia en su forma de caminar y moverse. También rechaza que la falta de lesiones físicas implique consentimiento y subraya que los condenados actuaron de forma concertada para “abusar de ella como si de un objeto sexual se tratara”.
Con esta resolución, el Tribunal Supremo confirma en su totalidad las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Las Palmas y ratificadas por el TSJC en 2022, cerrando el proceso judicial iniciado tras los hechos ocurridos hace casi una década.