Una denuncia registrada en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pone en el foco el funcionamiento del área de Disciplina Urbanística, señalando posibles irregularidades graves que afectarían tanto a la prestación del servicio público como al uso de fondos municipales.
El documento, presentado el 22 de abril de 2026 por Juan Manuel Pérez —denunciante del caso Mascarillas—, advierte de un posible caso de absentismo laboral estructural por parte del jefe del departamento, identificado como Juan Bordes. La denuncia llega meses después de que el funcionario señalada presentara una querella contra la concejala de Urbanismo del consistorio, Davinia Ramírez.
Según expone el demandante, habría acudido en entre 15 y 20 ocasiones en el último año y medio sin encontrar al responsable en su puesto, una situación que, asegura, no sería puntual sino sostenida en el tiempo.
¿Sin autorización formal?
La denuncia sostiene que el funcionario no habría hecho acto de presencia desde septiembre de 2024, prolongándose esta ausencia “de forma continuada” sin constar causa justificada ni autorización formal. Este extremo, siempre según el escrito, sería además conocido dentro del propio consistorio y entre profesionales vinculados al área.
El denunciante también pone en cuestión la explicación informal de que el trabajador estuviera desempeñando sus funciones en régimen de teletrabajo. Recuerda que esta modalidad exige autorización expresa, planificación y control del rendimiento, y subraya que, por la naturaleza directiva del puesto, no sería compatible con una ausencia prolongada y sin presencialidad.
Expedientes paralizados
El escrito advierte de un posible impacto directo en la gestión municipal. El denunciante afirma haber promovido diversas actuaciones administrativas en materia urbanística sin recibir información clara sobre su tramitación tras cerca de 20 meses, lo que alimenta las dudas sobre el funcionamiento real del departamento.
En este contexto, se plantean interrogantes sobre la prestación efectiva del servicio, la tramitación de expedientes y la operatividad del área, elementos clave en una concejalía especialmente sensible en un municipio como San Bartolomé de Tirajana.
Posibles cobros indebidos
Uno de los aspectos más relevantes de la denuncia se centra en la vertiente económica. El documento recoge que, pese a la supuesta ausencia prolongada, el funcionario habría seguido percibiendo retribuciones completas, incluidos complementos de jefatura, asistencia y productividad.
Especial atención se presta al complemento de productividad, que el denunciante sitúa en torno a 7.000 euros trimestrales, recordando que este concepto está vinculado al rendimiento efectivo y no puede considerarse automático.
A partir de estos datos, el escrito realiza una estimación del posible perjuicio económico para las arcas públicas, que oscilaría entre los 70.000 y los 100.000 euros desde septiembre de 2024, sumando productividad, complementos y retribuciones vinculadas al desempeño.
Sospechas de incompatibilidad
La denuncia introduce además otro elemento sensible: la posible existencia de actividad privada como abogado por parte del funcionario, lo que, de confirmarse, requeriría autorización expresa de compatibilidad.
El documento advierte de que, en ausencia de dicha autorización, podría tratarse de una infracción muy grave en el ámbito de la función pública.
Petición de investigación
Ante estos hechos, el denunciante solicita al Ayuntamiento la apertura inmediata de un expediente de investigación interna, así como el acceso a documentación clave: registros de presencia, nóminas, expedientes de teletrabajo, informes de intervención y evaluación del desempeño.
Asimismo, reclama que se verifique la adecuación entre funciones y retribuciones, el estado de los expedientes urbanísticos y la posible existencia de incompatibilidades. En caso de confirmarse las irregularidades, pide la depuración de responsabilidades disciplinarias, administrativas y contables, así como la eventual remisión del caso al Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal.
Falta de control
El escrito también apunta a una posible falta de control por parte de órganos internos como Recursos Humanos, Intervención o Secretaría, al entender que la situación denunciada se habría prolongado en el tiempo sin corrección.
La denuncia, que se formula en términos de indicios y solicita verificación administrativa, abre un nuevo frente en la gestión municipal de San Bartolomé de Tirajana y sitúa bajo escrutinio el funcionamiento de uno de sus departamentos clave.