La empresa Iscan Servicios Integrales reclamó el pasado 2 de mayo al Tribunal Administrativo del Cabildo de Gran Canaria que el nuevo contrato para gestionar los centros de atención a personas con discapacidad (CADI) es “inviable” porque considera que el presupuesto planteado por la Corporación Insular no es suficiente. El concurso público aún sigue en marcha en busca de una nueva compañía que lleve a cabo el servicio.
La licitación, que salió el pasado mes de abril, cuenta con un valor estimado del contrato que asciende a los 60,8 millones —la cifra exacta asciende a los 60.769.450,35 euros—. La compañía, en un documento que ha podido consultar Atlántico Hoy, argumenta que no se ha tenido en cuenta la subida salarial por categorías establecida en el convenio colectivo general para los trabajadores del sector.
Subida progresiva
Detalla que el incremento de los sueldos previsto para este año 2025 es del 10%; para el 2026 está fijado en el 11,63%; y de cara a 2027 tendrá que llegar al 13,31%. En conclusión, la empresa subraya que a la hora de asumir los gastos generales, así como determinar el beneficio industrial, se habrá destinado de media entre un 11% y un 12%. Por lo tanto, exige que el órgano de contratación valore de forma adecuada el presupuesto.
Iscan Servicios Integrales pone sobre la mesa que es importante tener en cuenta diversos factores en el expediente para que los interesados tengan “la máxima información posible”. El recurso potestativo, redactado por José Felipe Santana, representante de la empresa, sigue en el aire a la espera de que se resuelvan las diferencias entre la entidad y el Cabildo de Gran Canaria en el concurso publicado por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).
Las instalaciones
La situación de los CADI está entre las prioridades del gobierno insular porque la polémica ha estado servida durante los últimos meses ante las deficientes que denuncian las familias. Las instalaciones se encuentran ubicadas en El Tablero (San Bartolomé de Tirajana), San José de Las Longueras (Telde), Reina Sofía (Las Palmas de Gran Canaria) y Obispo Padre Cueto (Guía) suman 271 plazas residenciales y 120 de estancia diurna.
La consejera de Política Social y Accesibilidad de la Corporación, Isabel Mena, respondió a Iscan Servicios Integrales durante el pleno de este lunes que, aunque el convenio colectivo sube un 12%, el contrato sale a concurso público con el 30,06% de incremento. “Dinero que adelanta el Cabildo y está muy por encima del precio estipulado por el Gobierno de Canarias”, afirmó.
Incertidumbre
Mena aseveró que están gestionando con incertidumbre los recursos sociosanitarios porque todavía no ha salido adelante el convenio de dependencia que debe elaborar la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico. Además, incidió en que han apostado por una subida de cinco millones de euros anuales en los cuatro CADI. “Nunca en la historia del Cabildo se había invertido tanto en los recursos sociosanitarios”, apostilló.
Señaló que ahora será responsabilidad del Tribunal Administrativo resolver el asunto. “A mí no corresponde negociar nada con ninguna empresa, yo lo saco a licitación pública y las empresas son libres de presentarse o no”, argumentó en respuesta a una pregunta del consejero de Coalición Canaria (CC), Carlos Culebras, durante la sesión plenaria celebrada este lunes en el Cabildo.
Las familias
El nacionalista le preguntó si el problema con Iscan Servicios Integrales se podría resolver con los remanentes que tiene el Cabildo en los presupuestos. “Podríamos llegar a un acuerdo para por lo menos reconfortar a los familiares de esos usuarios que están en una incertidumbre grande”, expuso. Según ha podido saber este medio, CC se plantea volver a reunirse con las familias, al igual que hace unos meses, para escuchar sus reivindicaciones.
El plan inicial era que a estas alturas, el plazo para que las empresas enviaran sus ofertas se hubiera vencido —estaba fijado para el 2 de junio—, pero el Cabildo ha dado un periodo de gracia hasta el día 16 por la llegada de unas sentencias del juzgado de lo laboral que afectaba a los días de vacaciones de los trabajadores. Todo con el objetivo, explicó Mena, de que “no hubiera malos entendidos a la hora de licitar el contrato”.