La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas ha abierto diligencias para investigar la denuncia de la Policía Canaria por la destrucción de cayucos y pateras en una parcela contigua a las Salinas de Arinaga, que están consideradas Bien de Interés Cultural por su alto valor etnológico.

El atestado de la policía autonómica apunta a una posible contaminación que podría afectar a las salinas, las cuales están situadas en la costa de Arinaga, muy cerca del puerto y de la parcela en la que se trituran las embarcaciones.

Material contaminante

Los cayucos están construidos en madera o en fibra. Abundan los de madera, pero los de fibra son los problemáticos, pues al triturarlos emiten un polvillo muy contaminante que puede extenderse y filtrarse al subsuelo. De ahí que el ministerio público analice si se están cumpliendo los protocolos para tratar estos residuos.

Las fuentes consultadas ven improbable que exista afección a las salinas, pero se solicitarán periciales para acreditar o descartar la posible contaminación.

Y es que la denuncia de la Policía Canaria sólo puede prosperar en la vía penal si hay un daño objetivo al medio ambiente.

Delito

Los hechos recogidos en el atestado encajan con el artículo 325 del Código Penal, que recoge los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, castigando las emisiones, vertidos y otras actividades contaminantes que causen daños a la atmósfera, el suelo o las aguas, así como las que puedan causar un perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales o a la salud de las personas. 

Las penas varían en función de la gravedad de la conducta, y van desde la prisión y las multas hasta la inhabilitación para el ejercicio profesional.

Las diligencias abiertas por la Fiscalía, en cualquier caso, están en una fase muy inicial. Si finalmente detecta daño al medio ambiente interpondrá la correspondiente querella en el juzgado. En caso contrario, archivará las actuaciones, como ha sucedido recientemente con los vertidos del barranco del Guiniguada.

También puede ocurrir que los hechos no constituyan delito, pero sí una sanción administrativa.

Estado

La Administración General del Estado ha movilizado más de cinco millones de euros para eliminar los centenares de cayucos amontonados en los puertos canarios. Esa labor le fue encomendada a la empresa estatal Tragsa, que, a su vez, ha subcontratado a Martínez Cano, una compañía con varias décadas de experiencia en limpieza y eliminación de residuos. 

La acumulación de cayucos está asociada al aumento de la migración y la inexistencia de protocolos para gestionar las embarcaciones que llegan a las costas canarias, un fenómeno que ha causado problemas de seguridad en puertos como los de Arguineguín, Arinaga y La Restinga, este último en la isla de El Hierro.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, se quejó recientemente de la ocupación y destrucción de los cayucos en el mismo muelle de La Restinga, lo cual está generando molestias a los vecinos y podría acarrear episodios de contaminación en el Mar de Las Calmas.