El Gobierno de Canarias, a través de su cuerpo de policía, ha abierto un nuevo frente contra el Estado por la inmigración, en este caso debido a la mala gestión de los residuos y la destrucción de los cayucos que llegan a las costas isleñas, sobre todo en zonas protegidas, como ocurre en el muelle de La Restinga y el Mar de Las Calmas, en la isla de El Hierro.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha denunciado por un delito contra el medio ambiente a la empresa contratada por el Estado para eliminar estas embarcaciones, las cuales se han ido acumulando en La Restinga y en los puertos de Arinaga y de Arguineguín, en Gran Canaria, con advertencias de sanción a la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) si no retira más de 130 cayucos y pateras hacinadas en sus instalaciones desde finales de 2023.
Competencias
Pero la gestión de las barquillas y sus residuos no es responsabilidad de las autoridades portuarias ni del Gobierno de Canarias, sino del Estado, y su acumulación en los puertos isleños está causando problemas de seguridad y de navegación, como sucede en El Hierro, que es la isla más afectada por este fenómeno.
A principios de 2024, el Consejo de Ministros aprobó una declaración de emergencia para la destrucción, carga, transporte y gestión de residuos de embarcaciones de inmigrantes en Canarias, cuyos trabajos fueron encargados a la empresa pública Tragsa por importe de 5,2 millones de euros.
El Grupo Tragsa pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y a la Administración General del Estado, actuando como medio propio de las instituciones presentes en su accionariado, como sucede en este caso con la encomienda para despiezar los cayucos.
Quejas en el Congreso
El pasado mes de febrero, la portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, exigió al Gobierno central que retire de La Restinga los cayucos abandonados y sus residuos derivados, liberando las zonas peatonales y de ocio público ocupadas por estas embarcaciones.
Valido, tras reunirse con los vecinos, cargó contra los ministerios de Migraciones y de Transición Ecológica por permitir "actividades altamente contaminantes e insalubres en un espacio protegido" que, además, está habitado, es pequeño y constituye la puerta de entrada a la Reserva Natural de El Mar de Las Calmas.
La parlamentaria se comprometió a impulsar "todas las medidas técnicas necesarias" para recuperar los espacios comunes, criticando a Tragsa por desguazar los cayucos "en el mismo muelle y en la pequeña playa anexa".
Fiscalía
La empresa pública, además de La Restinga, ha actuado en Arguineguín y en Arinaga para triturar las embarcaciones. La mayoría son de madera, pero también de fibra, un material que requiere mayor diligencia en el manejo porque es bastante contaminante.
La denuncia de la Policía Canaria ha sido admitida por la Fiscalía de Las Palmas, que en los próximos días le dará traslado a la sección de Medio Ambiente y Urbanismo para que investigue los hechos.
Las fuentes consultadas confirman que el atestado va dirigido contra la empresa encargada de la destrucción de los cayucos, en concreto por realizar esos trabajos en suelo de interés cultural, o sea protegido, con los posibles daños para el medio ambiente derivados de la gestión de esos residuos y su almacenamiento.