El Cabildo de Gran Canaria ha sido condenado a pagar 288.356,76 euros a la asociación ASISPA, una entidad a la que debe 24 facturas del servicio de teleasistencia domiciliaria prestado entre noviembre de 2018 y octubre del año 2020. La corporación insular ha aprobado una modificación de crédito que le permitirá hacer frente al gasto recogido en una sentencia del pasado 4 de febrero.
El documento —al que ha tenido acceso Atlántico Hoy— fue emitido hace cuatro meses por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un texto que generó controversia en el Pleno del Cabildo celebrado este lunes entre el grupo de gobierno y los grupos de la oposición sobre si, en realidad, el Cabildo Insular es la administración condenada.
Municipios
Todo parte de que la entidad resultó adjudicataria del servicio en varios municipios como Arucas, Firgas, Las Palmas de Gran Canaria, San Mateo, Santa Brígida y Telde. El contrato se formalizó entre el Cabildo y la parte demandante el 28 de julio de 2014. Con el tiempo, fue prorrogado hasta el 31 de mayo de 2015 mientras los municipios preparaban las nuevas licitaciones a través de un programa de colaboración.
Los ayuntamientos que optaran por acogerse al programa con el objetivo de asegurar la prestación a las personas mayores debían presentar al Cabildo las facturas emitidas por la entidad. La consejera de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena, indicó este lunes que el Ayuntamiento de la capital no pudo gestionarlo de forma autónoma y solicitó asistencia a la Corporación Insular.
725 personas
Un informe elaborado por el área de Mena, recogido en la sentencia, pone de manifiesto que “efectivamente el Cabildo ha seguido asumiendo la prestación del servicio (...), ya que de hacer lo contrario supondría dejar sin asistencia a 725 personas”. El documento del tribunal extrae que “las facturas reclamadas son las que abarcan el periodo en el que existe consenso, pero no contrato”.
“Se ha llevado a cabo la prestación de un servicio, que nadie pone en duda en cuanto a su realidad y eficiencia, y cuyo pago asumió el Cabildo Insular”, subraya. La clave está en determinar si los servicios prestados al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueden reclamarse al Cabildo, dado que no existe una relación contractual.
"No hay beneficio directo"
La sentencia, al respecto, es tajante: “La respuesta es desde luego positiva a la vista de lo expuesto, ya que si bien no hay un beneficio directo para esta institución, sí que hay una asunción de la prestación que se mantiene en el tiempo con independencia de la relación contractual inicial. Con base en la doctrina del enriquecimiento injusto, procede la condena al Cabildo a pagar el importe de 288.356,76 euros”.
A pesar de todo, casi al final del texto hay unas líneas donde se afirma que “procede la estimación de la demanda condenando al Ayuntamiento [de Las Palmas de Gran Canaria]”. La consejera Mena, interpelada al respecto por la oposición, aseguró que la empresa demanda al Cabildo —y no al Consistorio—. “No me corresponde a mí interpretarla”, indicó. “Yo entiendo que ese párrafo es una errata”, dijo minutos después.
"El asombro es mayor"
Miguel Jorge, portavoz del Partido Popular (PP), anunció que su partido votaría en contra de la modificación de crédito porque no terminan de entender que sea el Cabildo quien esté obligado a pagar el dinero. “Cuando leemos la sentencia, el asombro es mayor”, exclamó. Considera que la Corporación Insular está saliendo en rescate del Ayuntamiento porque el Consistorio “ha hecho mal su trabajo”.
La portavoz de Coalición Canaria (CC), Vidina Cabrera, relató los hechos al detalle y se mostró extrañada por que el Cabildo se negara a acatar la sentencia en un primer momento —antes de que fuera firme— y que luego esa información fuera algo distinta al informe presentado por la Consejería de Política Social.
Dimensión del contrato
Isabel Mena comentó que quizás la dificultad por parte del Ayuntamiento capitalino para sacar adelante la licitación fue la gran dimensión del contrato en relación al resto de municipios. A su lado, el por entonces alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo —ahora vicepresidente primero del Cabildo— lo confirmaba con gestos de afirmación.
Yeray Suárez, consejero de Vox, detalló que su grupo se abstendría porque aceptan la sentencia, pero no comparten que se deba asumir económicamente “la mala praxis del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”. “Esto viene de cuando usted era alcalde”, le dijo a Hidalgo.