El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consorcio de Viviendas, firmó en 2022 un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Las Palmas para ayudar a familias vulnerables en la Isla que corran el riesgo de ser desahuciadas. El objetivo era ser intermediarios entre los afectados y el banco para que las personas no se vieran en la obligación de abandonar su hogar.
Desde que se firmó el acuerdo hasta el año pasado, la Corporación Insular recibió 14 solicitudes de ciudadanos que requerían información o ayuda para poner algo de luz a la situación que vivían. Nueve peticiones requerían trámites con el objetivo de alcanzar un punto en común, de las que solo dos llegaron a buen puerto. Así queda reflejado en un informe al que ha tenido acceso Atlántico Hoy.
Proceso judicial
El texto, firmado por Augusto Hidalgo (PSOE), consejero del área y vicepresidente primero de la Corporación Insular, es la respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Popular. Merece la pena resaltar que el amparo a las familias se da siempre y cuando los solicitantes no estén inmersos en un proceso judicial. Es decir, que no hayan recibido la demanda de desahucio.
Aún así, que la institución presidida por Antonio Morales interviniera para socorrer a quienes tocaron en la puerta desesperados hizo que se materializaran dos acuerdos que dieron aire a las personas que estaban en riesgo de perder su casa.
Peticiones
Un caso ocurrió en el año 2022 —cuando recibieron seis solicitudes— y otro en el 2024 —cuando se acumularon hasta tres peticiones—. En total son 14, pero nueve corresponden a situaciones que implicaban negociar. En el 2023, con cinco peticiones —tres eran solo consultas al igual que un año antes—, no se alcanzó ningún acuerdo.
Por su parte, en 2024 se dio una renuncia y otra está todavía sin información. Cuando el caso llega a los juzgados, el Consorcio de Viviendas lo deriva de inmediato al Gobierno de Canarias para que sea el Ejecutivo autonómico quien las atienda.
Cantidad económica
De esta manera queda establecido en el convenio con el Colegio de Abogados de Las Palmas. Dicho con otras palabras, el Cabildo de Gran Canaria no tiene competencias para paralizar ejecuciones hipotecarias, pero sí —a través del acuerdo— de intervenir con la finalidad de auxiliar a quienes lo necesitan para que no se vean en esa situación.
El convenio incluye que el Consorcio transferirá al Colegio de Abogados de Las Palmas 8.000 euros en concepto de subvención para el pago de honorarios a los profesionales que intervengan en actuaciones de este programa concreto.
Medidas alternativas
También recoge ayuda en forma de asesoramiento a aquellas personas que hayan sido víctimas de una cláusula suelo abusiva y nula. Entre los propósitos está “plantear medidas correctoras que permitan mantener el pago de las cuotas y eviten la iniciación de procesos de ejecución hipotecaria” o “negociar medidas alternativas a las dificultades derivadas del impago y faciliten la conservación de la vivienda por parte de la persona o núcleo familiar”.
En definitiva, la solución está en “encontrar soluciones acordadas entre deudor y la entidad prestamista para aquellas situaciones que tienen perspectiva de mejora o que, con determinados cambios en la relación pueden conseguir soluciones efectivas que no deriven de una ejecución hipotecaria”.