En el número 8 de la calle Nicolás Estévanez se respira un aire diferente, de mayor tranquilidad y celebración. Las ochos familias que temían perder sus hogares en manos de la Sareb viven una tregua hasta que se analice uno a uno de sus casos como posibles personas en situación de vulnerabilidad.
El conocido como el banco malo tomó la decisión a última hora del miércoles de parar de manera temporal el desahucio de las familias, que disponen de un mes de plazo para buscar una alternativa, entre ellas un alquiler social en el caso de los hogares que demuestren su vulnerabilidad.
Pertenencias empaquetadas
La gran mayoría de las familias ya había ido recogiendo sus pertenencias, a pesar de no contar con un lugar al que ir, ante el temor de que la mañana de este jueves 13 de marzo les echaran de los pisos en los que llevan viviendo de cuatro a seis años.
La noticia se recibió entre aplausos y celebración, tanto de los vecinos y vecinas afectados, como de la asociación vecinal Derecho al Techo y las personas que acudieron a la concentración convocada para paralizar el intento de desalojo.
“No queremos vivir gratis”
Todas las familias han dejado claro que su intención no es “vivir gratis”, sino pagar un alquiler asequible, como ya hacían antes de que la inmobiliaria quebrara. Así lo expone Ahamed Salem, quien vive junto a su mujer y su hija de cinco años, y pagó mensualmente los alrededor de 400 euros de alquiler hasta que "dejamos de tener a quien pagarle".
Banina Mbirkate también vive en el edificio desde 2020 y, aunque ha tratado de buscar una alternativa habitacional para ella y su bebé de tres meses, solo se ha encontrado con obstáculos: “Cumplo los requisitos, pero cuando ven que soy árabe, me niegan el alquiler”.
Además de las familias con menores, muchas de ellas se tratan de personas enfermas, como es el caso de Eddia Aziza, que padece una neumonía crónica y se trasladó a Canarias para poder recibir tratamiento en el Hospital Doctor Negrín, al igual que gran parte de sus vecinas afectadas, pacientes de diálisis.
Estudiar caso a caso
El caso de Ingrid Colmenares fue el único que se logró suspender por vía judicial, “gracias a un informe de vulnerabilidad emitido por el Ayuntamiento de Las Palmas”, señala su abogada Isabel Saavedra, que ha indicado que el resto de informes pueden no haber llegado al no ser solicitados a quien correspondía.
La abogada ha señalado que, además del mes de aplazamiento, la Sareb está dispuesto a negociar alquileres sociales, lo que supone “un avance crucial”, teniendo en cuenta que “el acceso a la vivienda en la ciudad es muy complicado para familias con bajos ingresos”.
El banco malo se ha comprometido a estudiar cada uno de los siete casos que quedan pendientes; no obstante, para ello necesitarán la colaboración de las familias para ir probando su vulnerabilidad, apuntó Gloria Mora, procuradora de la entidad que se personó en el inmueble.
Las familias están dispuestas a presentar lo que sea necesario — en el rellano del edificio, durante la concentración, sujetaban carpetas con sus informes médicos y económicos — porque lo que más desean es “un alquiler y que, por favor, lo solucionen lo antes posible para no estar viviendo está situación constantemente de no saber que vamos a hacer o dónde vamos a estar”, manifestó Mbirkate.
El derecho a vivienda
Desde Derecho al Techo consideran un logro la paralización del desahucio, “en donde no había ninguna oferta de realojo”, y lo ven como “un gran paso en la intención de ofertar alquileres sociales”, celebra Javier Marrero, integrante del grupo jurídico de la asociación.
Marrero ha subrayado, a su vez, la responsabilidad de la Sareb y las administraciones en la creación de viviendas sociales con alquileres accesibles, alejándose de la especulación inmobiliaria. “La vivienda es un derecho y así lo establece el artículo 47 de la Constitución española”, afirma.
Una reclamación que se hace cada vez más necesaria ante la grave situación habitacional en Canarias, donde los alquileres desorbitados pueden superar la mitad de los ingresos familiares, alcanzando en muchos casos hasta el 60 %, y hace inviable la emancipación de los jóvenes, concluye.
Al grito de “la vivienda es un derecho”, aplausos y “gracias” tanto en árabe como en español, las familias del número 8 de la calle Nicolás Estévanez se sienten aliviadas al abrirséles un camino más esperanzador para ya sea continuar viviendo en sus pisos actuales o trasladarse a otros inmuebles, lo que no supone un problema, pues “cualquier techo que nos acoja, nos vale, lo que no queremos es quedarnos en la calle”.