Carmelo Ramírez, consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria exigirá transparencia a la asociación saharaui que ha recibido al menos 1,8 millones de euros de las arcas públicas. Así lo aseguró este martes el responsable del área durante una comisión de pleno tras ser cuestionado por la oposición.
La Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui —que así se llama la entidad— ha sido considerada como opaca por el Comisionado de Transparencia tal y como publicó Atlántico Hoy. Ramírez aseguró que no supo nada hasta este lunes, por lo que anunció que llamará a los responsables para pedirles que cumplan la ley cuanto antes.
Llamada a la asociación
“Me he enterado ahora, eso es una obligación que tienen todas las asociaciones, voy a ponerme hoy en contacto con ellos para que cumplan con las obligaciones legales de la transparencia”, indicó el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional.
El tema fue abordado por la portavoz adjunta del Grupo Popular, Pepa Luzardo, quien preguntó a Ramírez si se planteaba hacer una advertencia a la asociación teniendo en cuenta que le habían concedido 1,25 millones de euros recientemente para llevar a cabo proyectos en el Sáhara. “A nosotros nos parece muy curioso que no sean transparentes”, le dijo.
Dinero público
“Porque claro”, prosiguió, “no podrían seguir recibiendo dinero público si sigue siendo una opaca”. Además, incidió en que consulte el artículo 69 de la Ley de Transparencia —donde se regulan las posibles infracciones— y advirtió de que otras entidades podrían verse en la misma situación que la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.
Por otro lado, Ramírez aclaró que tiene previsto ejecutar una modificación de crédito para incluir en el presupuesto de 2026 la subvención de 1,25 millones otra vez. “La gente come todos los días”, argumentó el consejero del área. “Los canarios también”, le espetó Luzardo.
"Incumplidora"
La Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui fue considerada como “incumplidora” por el Comisionado de Transparencia en su último informe —ejercicios de 2022 y 2023— y en unas puntuaciones relativas al ejercicio de 2024.
Las entidades privadas que reciben ayudas o subvenciones de la administración pública por encima de los 60.000 euros están obligadas a informar en sus páginas web sobre los temas de transparencia que exige la ley. También deben hacerlo aquellas que perciban una cuantía superior a los 100.000 euros en conjunto de una o varias instituciones.