El Cabildo de Gran Canaria ha destinado 1.250.000 euros de dinero público a los campamentos saharauis para garantizar la continuidad de servicios esenciales como la sanidad, la educación y el apoyo técnico-administrativo.
La subvención, concedida a la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, se ejecuta entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026 dentro de un programa de sostenibilidad de servicios públicos en la zona.
Carmelo Ramírez
Se trata de una subvención nominativa incluida en el presupuesto insular, con cargo a la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional —dirigida por Carmelo Ramírez—, destinada a reforzar la cobertura de necesidades básicas en los campamentos de refugiados saharauis, altamente dependientes de la cooperación exterior.
Como elemento diferencial en la gestión de estos fondos, el Cabildo ha autorizado que parte de los gastos puedan justificarse mediante recibos en lugar de facturas, una medida adaptada a la realidad de los territorios donde se ejecuta el proyecto, donde los proveedores no siempre están obligados a emitir documentación fiscal convencional.
Requisitos legales
La resolución, firmada el 6 de abril de 2026, establece que estos recibos deberán cumplir condiciones estrictas para garantizar el control del gasto público. Entre ellas, que estén firmados tanto por el proveedor como por la entidad beneficiaria o la contraparte local, y que se ajusten a un modelo previamente validado por el Servicio de Solidaridad Internacional del Cabildo.
Además, la Corporación insular advierte de que no se admitirán documentos que incluyan la denominación de “factura” si no cumplen los requisitos legales, reforzando así los mecanismos de supervisión pese a la flexibilidad introducida en el sistema de justificación.
Datos necesarios
El uso de este modelo fue solicitado el 4 de marzo de 2026 por el representante de la asociación beneficiaria, quien presentó la propuesta de recibo que será utilizada durante la ejecución del proyecto.
El documento, incluido en el anexo de la resolución, incorpora datos de identificación de las partes, concepto del gasto, actividad desarrollada y acreditación de la percepción del incentivo por parte del beneficiario final.
La medida se ampara en la Ley General de Subvenciones y en la normativa específica del Cabildo, que permite autorizar este tipo de justificación en contextos internacionales cuando las condiciones locales lo exigen, siempre bajo supervisión previa del órgano concedente.
Equilibrio legal
Contra la resolución firmada por Carmelo Ramírez cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o acudir a la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses.
Con esta decisión, el Cabildo busca compatibilizar la ejecución de una ayuda millonaria en un entorno internacional complejo con el mantenimiento de garantías en el uso de fondos públicos, asegurando tanto la llegada de recursos como su correcta trazabilidad administrativa.