El Juzgado de lo Penal n.º 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido una segunda condena por construir en suelo rústico contra el hermano del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal. La sentencia es del 17 de octubre de 2024 y está ratificada por la Audiencia de Las Palmas desde el pasado mes de diciembre.

Ante la firmeza de la resolución, la autoridad judicial ha dado un plazo de 18 meses al condenado para que derribe las obras ilegales ejecutadas en Calderín Alto, también conocido como Lomo la Presa y Lomo las Cuatro Matas, un poblado o barrio con más casas ilegales que Urbanismo quiere regularizar mediante su transformación en asentamiento rural.

Reincidente y rebelde

La aprobación inicial de ese cambio urbanístico fue el principal argumento de la defensa para tratar de evitar el derribo, pero el juez rechaza que las obras se puedan legalizar y destaca la actitud "rebelde" del hermano del edil: no sólo incumplió la sentencia de 2019 con la obligación de tirar la totalidad de la edificación residencial, sino que ejecutó una ampliación en lugar de acatar el fallo judicial.

Fue la Agencia de Protección del Medio Natural, un organismo del Gobierno de Canarias con competencias en suelo rústico, quien volvió a denunciar al hermano del concejal. Ocurrió en 2020, tras realizar una inspección y comprobar la existencia de obras nuevas, cuando lo que procedía era demoler una vivienda de 250 metros con piscina, muros, caminos y 1.500 metros de bancales rehabilitados, entre otras equipaciones.

Penas y multas

Las obras se realizaron dentro de una parcela de 10.000 metros cuadrados que pertenece a la familia Marichal, con otras casas anexas más antiguas e infraestructuras ajenas a la actividad agrícola, que es el uso establecido para ese tipo de suelo, no el residencial ni mucho menos el turístico de alquiler vacacional.

La pena de la primera condena fue rebaja de dos a un año de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, con una multa de 3.600 euros. Es una pena de 2019 y, por tanto, está ya remitida, con los antecedentes penales cancelados a efectos de reincidencia, pero el juez reprocha al acusado que continuase edificando ilegalmente sobre suelo rústico de protección agraria para imponerle ahora un castigo más severo: un año y nueve meses de cárcel y multa de 4.800 euros.

En ambos casos se mantienen las órdenes de derribo, pero con el añadido del nuevo plazo para tirar las obras ilegales: 18 meses a contar desde el pasado cinco de febrero, según la ejecutoria de la última sentencia.

Hechos probados

El magistrado Mariano López Molina considera probado que el acusado había sido condenado en firme en julio de 2019 por realizar construcciones ilegales e ilegalizables en una finca de la zona de Calderín Alto. En aquel entonces, la justicia ya le había ordenado la demolición de lo construido.

Sin embargo, tras inspecciones realizadas por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) a principios de 2020, se constató que no solo ignoró la orden de derribo, sino que amplió el complejo entre 2015 y 2017 con las siguientes infraestructuras: una cancha deportiva de césped de 121 metros cuadrados; dos recintos de madera de 64 y 48 metros cuadrados; una pérgola para estacionamiento de vehículos; un cobertizo para animales y el asfaltado y hormigonado de pistas y recintos circundantes que suman más de 1.300 metros cuadrados.

Todas estas obras se realizaron en un terreno categorizado como suelo rústico de protección agraria, donde la ley prohíbe el uso residencial.

Batalla legal por no derribar

Uno de los puntos clave del juicio fue el intento de acreditar que las obras eran "legalizables", recoge la sentencia. El "brillante" informe de la defensa se centró en dos motivos: la actividad agrícola de la finca, que finalmente no quedó demostrada, y la modificación menor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que promueve el área de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

El magistrado subraya que el carácter delictivo lo determina la normativa vigente cuando se construye sin licencia ni calificación territorial. Dicho de una manera más clara: no cabe "una hipotética legalización futura" porque la obra es contraria a la ley en el momento de su ejecución.

El juez añade que la tramitación de los cambios en el planeamiento "no otorga licitud a una conducta que ya consumó el delito", porque "pretender que el término 'no autorizable' permita la atipicidad cuando exista una posibilidad de autorización potencial vaciaría de contenido el precepto sancionador", agrega.

Cancha de fútbol

Además, frente al argumento de la actividad agropecuaria, la sentencia replica que las fotografías aportadas demuestran un uso puramente residencial, sin que el acusado acredite ser agricultor profesional ni la finca tenga una explotación agraria real.

"Es inverosímil e ilógico que una cancha de fútbol o grandes recintos de madera sean instalaciones fácilmente desmontables o vinculadas al cultivo", concluye la resolución judicial.

La postura de Marichal

El concejal Alejando Marichal se ausentó en la votación del pleno que votó por unanimidad el cambio urbanístico para legalizar Lomo las Cuatro Matas, entre cuyas fincas ilegales están las de su familia.

La aprobación inicial del proyecto se produjo el 14 de noviembre de 2023 y el segundo juicio contra su hermano se celebró el 16 de octubre de 2024, pero desde el entorno del edil se niega que exista conflicto de intereses, pues la iniciativa es promovida por una plataforma integrada por centenares de afectados que buscan regularizar sus casas.

Silencio y trayectoria

El propio Marichal rechaza dar explicaciones sobre las dos condenas de su hermano porque las obras ilegales de la primera sentencia se remontan a 2012 y las segundas se producen entre 2015 y 2017, es decir, antes de ser elegido concejal, por lo que revelar esos hechos ahora es para "hacerle daño político".

Los tiempos y los plazos de ejecución de esas resoluciones judiciales hablan por sí solos. Lo mismo sucede con la web personal en la que resume su trayectoria: en 2007 se unió a Coalición Canaria; en 2017 compaginó la secretaría del partido en San Bartolomé con la coordinación de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias;  en 2019 debutó como concejal de Urbanismo; en 2022 estuvo en la oposición, y en 2023 volvió como responsable público de Urbanismo.

La web también destaca entre sus logros las modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación para darle cobertura legal a las viviendas de los asentamientos de Lomo los Azules y Lomo las Cuatro Matas, con una defensa activa de los centenares de vecinos afectados, como acredita una moción presentada desde la oposición para impulsar los expedientes y pedir al Gobierno de Canarias la suspensión de las demoliciones previstas por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural hasta que se aprueben los cambios en estos suelos rústicos.