La familia del concejal Alejandro Marichal tiene propriedades en Lomo las Cuatro Matas, también conocido como Lomo la Presa (Calderín), uno de los principales asentamientos de viviendas ilegales en San Batolomé de Tirajana junto a Lomo los Azules.
Se trata de núcleos de casas en suelo rústico que han cambiado su funcionalidad agrícola por la de chalés con piscinas, los cuales el primer teniente de alcalde y máximo responsable de Urbanismo quiere legalizar mediante un cambio del Plan General de Ordenación.
Los dos expedientes de modificación menor del Plan General fueron aprobados de manera inicial por el pleno municipal a principios de mandato, pero no han vuelto a ser elevados para su aprobación definitiva por Urbanismo. ¿El problema? Tienen informes en contra del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, cuyos técnicos ven inviable legalizar las casas dándoles la categoría de asentamiento rural.
Hermano condenado
Entre los centenares de vecinos afectados están el padre y el hermano de Marichal. Este último fue condenado en 2019 como autor de un delito contra la ordenación del territorio, esto es, por construirse sin licencia ni calificación territorial una casa de 250 metros cuadrados anexa a la finca matriz de su progenitor, con piscina, muros y cancha de padel, entre otras equipaciones sobre suelo rústico y de protección agrícola.
La sentencia, que está dictada por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, impuso al hermano del concejal dos años de prisión, una multa de 3.600 euros (quince meses con una cuota diaria de ocho euros) y la prohibición de ejercer profesiones relacionadas con la construcción o promoción inmobiliaria durante dos años y seis meses.
Además, como medida de restauración del orden jurídico, la sentencia obliga al condenado a la demolición y eliminación de las obras ilegales para reponer la realidad física alterada, con la advertencia de que si no lo hace de manera voluntaria, el derribo será ejecutado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) a su costa.
Edificación integral sin licencia
La sentencia declara probado que, a partir de agosto de 2012, el acusado promovió la construcción de un complejo residencial en suelo rústico protegido en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), concretamente en la zona de Lomo de Cuatro Matas. Las obras se ejecutaron sin haber solicitado licencia municipal ni calificación territorial, y en abierta contradicción con el planeamiento vigente.
El fallo detalla pormenorizadamente las estructuras declaradas ilegales que deben ser demolidas. La principal es la casa, que tiene una planta aislada de 243 metros cuadrados, con un semisótano de 55 metros cuadrados, rodeada por un pasillo pavimentado y un murete de contención.
También una piscina de 12 metros cuadrados con bañera de hidromasaje aneja; una solera pavimentada de 90 metros y otra hormigonada frente a la vivienda de 55 metros; un muro de contención de 69 metros de longitud y otro de contención de escalera de hormigón de 10 metros; un aljibe de 13 metros cuadrados; una apertura de pista con gravilla de 99 metros, y una cadena de bancales de 1.500 metros cuadrados que fueron limpiados y acondicionados, con la única excepción de las actuaciones en suelo rústico potencialmente productivo que sí son legalizables.
Pruebas y fundamentos jurídicos
La condena se fundamenta en el testimonio y el atestado de la Guardia Civil, confirmando los agentes del Seprona que existían otras viviendas cerca en situción ilegal y que se habían instruido "bastantes atestados" en esa misma zona por hechos similares, recoge la resolución judidicial.
Los policías ratificaron que las obras eran visibles desde la zona de Meloneras y que, en el momento de la inspección, el propio acusado reconoció que carecía de permisos y que la vivienda era para su uso personal.
Igual de importantes fueron los informes periciales. Los técnicos de la APMUN y del Cabildo de Gran Canaria coincidieron en que el suelo está clasificado como Rústico de Protección Natural y Potencialmente Productivo Agrícola. Las peritos subrayaron que las obras son incompatibles con la normativa (Plan Insular de 2004 y Plan General de 1996) y que no son legalizables ni bajo la legislación antigua ni con la Ley del Suelo de 2017.
Sin legalización posible
El magistrado, además, descartó los argumentos de la defensa sobre una posible legalización futura. En el juicio se acreditó que no existe ningún instrumento de planeamiento aprobado que incluya la parcela dentro de un asentamiento rural, calificando cualquier expectativa de legalización como carente de fundamento.
Esto último, precisamente, es lo que ha tratado de hacer Urbanismo con el impulso de Marichal: legalizar las casas situadas en un perímetro de 200 metros mediante la transformación de los dos lomos en asentamientos rurales, una propuesta que ha sido rechazada por los técnicos del Gobierno regional e insular.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, concluye que las obras no solo carecían de autorización, sino que son "no autorizables", lo que justifica plenamente la sanción penal y la orden de demolición.