La crisis por la querella contra los responsable de Urbanismo en San Bartolomé de Tirajana se agrava. Juan Bordes, jefe de Disciplina Urbanística, responde con dureza a las recientes declaraciones del primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, quien tiene delegadas las competencias urbanísticas en Davinia Ramírez, entre otras áreas.
Marichal ha acusado a Bordes de paralizar Disciplina Urbanística al no tramitar expedientes e incumplir los objetivos previstos. De esa manera motiva su decisión de concluir la adscripción de Bordes al Ayuntamiento: el funcionario tiene plaza en el Gobierno de Canarias y llegó en 2022 a San Bartolomé para reforzar precisamente el servicio de inspección urbanística.
También vincula la querella con las medidas adoptadas contra Bordes, según un comunicado hecho público para responder a la información adelantada por Atlántico Hoy.
Injurias
El funcionario no sólo desmiente a Marichal con datos que contradicen la versión oficial, sino que le acusa de empreder una "campaña" para desprestigiarlo y "ocultar graves delitos", planteándose ampliar la querella por el daño causado a su dignidad profesional.
La querella no es supuesta ni ha sido elaborada por el espíritu santo: está fechada el 28 de octubre por el abogado Juan Sánchez Limiñana y fue presentada el 3 noviembre en el decanato de los juzgados de San Bartolomé de Tijarana. La magistrada Lorena Quíles ordenó el pasado 2 de marzo que se registrara como diligencia indeterminada, quedando pendiente la notificación a la querellada, Davinia Ramírez.
El asunto ha recaído en la Plaza número 4 del Tribunal de Instancia (Sección Instrucción) y su número de procedimiento es el 457/2026.
Récord de expedientes
Bordes sostiene que su departamento inició 96 expedientes sancionadores en 2025, con solo cinco personas y un único instructor, que es el propio jefe de Disciplina Urbanística. Esto equivale a cerca de una quinta parte de la actividad sancionadora de los 88 ayuntamientos de las islas, explica.
Sólo el municipio de San Bartolomé supera en expedientes sancionadores a islas completas como Lanzarote (95 expedientes) y se acerca a la mitad de lo tramitado en toda Gran Canaria por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, añade el funcionario.
"A mi llegada no se había incoado un solo expediente en 15 años, dejando prescribir todas las infracciones. ¿Cómo pueden hablar ahora de acumulación de expedientes sin tramitar?", se pregunta Bordes.
Malversación y trato de favor
El empleado público no se limita a defender su gestión, sino que señala graves irregularidades económicas. Bordes revela que uno de los expedientes paralizados por Urbanismo proponía una sanción de 950.000 euros por ocupación indebida de dominio público, dinero que "cubriría las productividades de todo el personal del Ayuntamiento".
La retirada de productividades es uno de los reproches que el funcionario hace a Marichal y a Ramírez en la querella, situación que enmarca en un contexto de acoso y persecución institucional por negarse a manipular expedientes o hacer la vista gorda ante determinadas infracciones.
Bordes reprocha a Marichal que le retire retribuciones pero firme una "doble productividad" a favor de un trabajador, hecho que, según el funcionario, podría ser constitutivo de un delito de malversación de fondos públicos.
¿Protección a familiares?
Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones se refiere a un local de ocio nocturno, el Panamera. Bordes afirma que, a pesar de las denuncias por ruidos desde 2019 y de haber dictado él mismo resoluciones de cierre y multas de 30.000 euros, el local sigue abierto y ha quebrantado precintos policiales.
El funcionario asegura que el negocio ni siquiera ha recurrido la sanción, "tal vez porque saben que nunca se va a ejecutar al ser familiar directo de la concejala de Urbanismo", detalla.
Campaña de difamación
El jefe de Disciplina vincula su destitución y el recorte de su productividad, que pasó del 100% al 0% tras los "encontronazos" con la concejala, a una estrategia para apartar a los funcionarios "incómodos" que no aceptan órdenes contrarias a la ley.
Bordes revela que en febrero de 2025 solicitó el alta voluntaria tras romperse dos ligamentos del tobillo. Pidió el alta tres semanas después de la lesión, pese a tener una previsión de baja de hasta un año, para seguir trabajando desde casa.
Por todo ello baraja ampliar la querella contra Marichal y recuerda que la querella atribuye hechos graves a la concejala de Urbanismo, los cuales espera que se investiguen.