Los servicios jurídicos de Lopesan han pedido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que desestime el requerimiento formulado el pasado mes de julio por el Gobierno de Canarias para anular la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento de la parcela APHB3. El acuerdo afecta al Plan Parcial Meloneras 2-A y avala la construcción de cinco hoteles en el sur de Gran Canaria, pero el Ejecutivo regional ha reclamado al gobierno municipal que anule su aprobación definitiva.
Política Territorial fundamenta su solicitud en varios informes técnicos y jurídicos que impiden informar a favor del expediente, entre ellos la existencia de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la cual, debido a la derogada moratoria turística, obligaba a la administración a reclasificar el suelo a rústico y compensar económicamente a los propietarios por la pérdida de los derechos de edificación.
Reparos
Este mismo mes de septiembre el TSJC ha homologado un acuerdo transaccional para ejecutar dicha sentencia. Consiste en indemnizar con 19,37 millones a Lopesan, pero el Ayuntamiento aún debe contestar al reparo formulado por la Viceconsejería de Transparencia, que se basa en una petición de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, pues existen tres informes desfavorables de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.
Alegaciones
En ese contexto, Lopesan pide al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que "mantenga la posición adoptada", con la finalidad de preservar "la validez y eficacia del planeamiento aprobado", cumpliendo así con los principios de "legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe administrativa", recogen las alegaciones presentadas.
Lo contrario resultaría "jurídicamente improcedente, incoherente con los actos previos de la propia Administración autonómica y lesivo para los derechos e intereses legítimos de esta parte", añade la empresa, que advierte con nuevas reclamaciones patrimoniales si se frustran los hoteles proyectados en Meloneras. La inversión pública y privada ronda los 700 millones de euros.
Desde un punto de vista "reglado y fáctico", los servicios jurídicos de Lopesan consideran "totalmente inviable excluir esta parcela del proceso urbanístico mediante su reclasificación a rústico".
Mala fe
Por esto tachan el requerimiento de Política Territorial de "jurídicamente incoherente" y "contrario a la buena fe procesal exigible especialmente a todas las administraciones públicas". Dicha petición, además, carece de "fundamento", pues el propio Gobierno de Canarias se "compromete a desistir de cualquier actuación" dirigida a la reclasificación o expropiación de los suelos, según el acuerdo aprobado por el TSJC.
La actuación administrativa, concluyen los afectados, no sólo es "arbitraria" y "carece de justificación jurídica", sino que "continúa generando graves perjuicios a la seguridad jurídica y los derechos adquiridos de Hijos de Francisco López Sánchez, Maspalomas Resort y Dehesa de Jandía en su condición de terceros de buena fe".