Las obras ejecutadas por Costa Canaria de Veneguera, filial del grupo Lopesan, en la playa de Veneguera continúan generando controversia. A las denuncias formuladas por colectivos ecologistas se suma ahora la valoración de los agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, que consideran que la actuación se desarrolló sobre una superficie superior a la inicialmente autorizada por la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias.
Así lo ha confirmado a este periódico el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García Brink, quien asegura que los técnicos de la institución insular aprecian una intervención más amplia que la contemplada en el permiso concedido para los trabajos de naturalización en este enclave del municipio de Mogán.
Más allá del permiso
La dimensión real de la actuación ejecutada en este espacio protegido se ha convertido en uno de los principales focos de atención tras las inspecciones realizadas por el Cabildo. Los informes elaborados por los técnicos apuntan a que la intervención podría haber alcanzado una superficie mayor de la inicialmente prevista, una cuestión que ahora está siendo objeto de análisis.
“Nuestros agentes de Medio Ambiente entienden que se ha actuado en un espacio muy superior al que estaba autorizado en un principio”, afirmó García Brink a este periódico.
El consejero evitó concretar por ahora la superficie exacta afectada o si se han producido impactos concretos sobre hábitats protegidos, al señalar que continúan analizándose los informes técnicos elaborados tras las inspecciones realizadas en la zona.
No obstante, confirmó que agentes de Medio Ambiente se desplazaron al lugar a petición del Seprona, levantaron actas e informaron sobre las actuaciones observadas en el barranco y la playa de Veneguera.
La denuncia de Ben Magec
Las conclusiones preliminares del Cabildo coinciden con las denuncias formuladas por Ben Magec-Ecologistas en Acción, organización que lleva semanas cuestionando el alcance de las obras.
Su portavoz, Eugenio Reyes, sostiene que la autorización concedida para la denominada actuación de naturalización contemplaba una superficie cercana a los 1.500 metros cuadrados, mientras que la intervención real se habría extendido sobre alrededor de 10.000 metros cuadrados.
Según Reyes, la maquinaria pesada utilizada en la zona habría alterado el perfil natural de la playa y del barranco, afectando a una superficie muy superior a la inicialmente prevista en el expediente y causando daños en áreas de tabaibal y cardonal.
El representante ecologista considera que la actuación ha ido mucho más allá de los trabajos autorizados y sostiene que las dimensiones de la intervención deberían ser objeto de investigación por parte de las administraciones competentes.
Un conflicto que crece
La controversia se produce después de que la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias confirmara a este periódico que las actuaciones contaban con autorización administrativa.
Sin embargo, tanto los informes elaborados por el Cabildo como las denuncias de los colectivos ecologistas apuntan ahora a una cuestión distinta: si los trabajos ejecutados finalmente se ajustaron o no a los límites establecidos en dicha autorización.
Mientras las administraciones continúan analizando la documentación y los informes técnicos, el caso Veneguera suma nuevos interrogantes sobre el alcance real de las obras ejecutadas en uno de los espacios naturales más emblemáticos del oeste de Gran Canaria.