La costa oeste de Gran Canaria vuelve a situarse en el centro del debate entre actividad económica, pesca tradicional y protección ambiental. La Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria ha mostrado su preocupación por el proyecto para instalar jaulas acuícolas en el litoral de La Aldea de San Nicolás, una actuación promovida por Bass Company SL en la zona conocida como ZIA-GC-9.
La entidad, que agrupa a 24 asociaciones y colectivos del entorno rural y pesquero de la isla, ha solicitado al Gobierno de Canarias que paralice la tramitación del expediente para dar cabida a las alegaciones de vecinos, pescadores y colectivos vinculados a la Reserva de la Biosfera. También reclama al Cabildo de Gran Canaria que haga valer su posición institucional para impedir que el proyecto siga adelante.
En plena Reserva
Según la información trasladada por las cofradías, la instalación se ubicaría entre las puntas de Góngora y La Aldea, en el litoral noroeste de Gran Canaria. La Unión de Asociaciones recuerda que este enclave forma parte de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, dentro de su zona de transición, donde la actividad económica está permitida, pero supeditada a la conservación de los valores ambientales y culturales del territorio.
El colectivo subraya que el propio Plan de Gestión de la Reserva recoge entre sus objetivos el apoyo a las prácticas pesqueras tradicionales y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Por ello, considera que una infraestructura de carácter industrial en esta zona puede entrar en contradicción con el modelo de desarrollo defendido para este espacio.
Choque con la pesca artesanal
La preocupación del sector pesquero tradicional se apoya en un informe de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas, remitido al Gobierno de Canarias en julio de 2024, que advierte de una colisión directa entre la actividad acuícola proyectada y las familias de Agaete y La Aldea dedicadas a la pesca artesanal.
El documento sostiene que la zona ha sido utilizada históricamente por la flota artesanal y que la delimitación del área no habría tenido en cuenta de forma suficiente la actividad de las embarcaciones menores de 15 metros, que en muchos casos no disponen de sistemas de geolocalización como AIS o VMS. Según las cofradías, esa falta de datos técnicos no implica ausencia de actividad pesquera, sino una infrarrepresentación de la flota que faena cerca de la costa.
Los pescadores defienden que el entorno de la ZIA-GC-9 es una zona de trabajo habitual para artes como las nasas, el cordel, el palangre o la pesca de pelágicos. El informe recoge incluso datos de geolocalización vinculados a un proyecto piloto de balizamiento de artes pasivos que, según sus autores, demostrarían la presencia de actividad pesquera en la zona de conflicto.
El angelote, clave
Uno de los puntos más sensibles del informe es la presencia del angelote (Squatina squatina), especie en peligro de extinción. Las cofradías sostienen que los fondos situados entre las puntas de Góngora y La Aldea están ocupados por amplios sebadales y funcionan como zona de cría de peces, entre ellos esta especie protegida.
El documento advierte de que el proyecto no habría evaluado de forma suficiente la posible afección sobre el angelote, pese a que los pescadores de Agaete aseguran detectar su presencia mediante capturas accidentales con nasa. Según el sector, estas capturas permiten la devolución de los ejemplares vivos al mar, por lo que defienden que la pesca artesanal resulta compatible con su protección.
Las cofradías también alertan del impacto de la acuicultura intensiva sobre los fondos marinos. El informe apunta al riesgo de acumulación de materia orgánica, restos de comida y heces bajo las jaulas, con posibles efectos sobre los sebadales y el equilibrio de los ecosistemas.
A ello se suman otros riesgos señalados por el sector, como la expansión de plagas y enfermedades, el uso de antibióticos o la contaminación del agua. La Unión de Asociaciones sostiene que no se entiende que se plantee la crianza de lubina en un enclave situado dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, especialmente cuando existen otros espacios destinados a la acuicultura en las islas.
El precedente de escapes
Otro de los argumentos del sector pesquero se centra en los escapes masivos de peces de piscifactoría. Las cofradías recuerdan que entre 1998 y 2010 se produjeron 16 fugas en instalaciones acuícolas de Canarias. Una de las más graves, registrada en La Palma en enero de 2010, supuso según el informe la fuga de aproximadamente el 90% de los ejemplares, alrededor de 1,5 millones de lubinas.
Los pescadores advierten de que la lubina no es una especie autóctona de Canarias y puede generar desequilibrios en los ecosistemas locales. El informe sostiene además que, cuando se han producido escapes en el sur de Gran Canaria, se han localizado ejemplares en el Puerto de Agaete unas 48 horas después.
Aspirante a Parque Nacional
El presidente de la Unión de Asociaciones, Cristóbal Sánchez, califica de “contrasentido” plantear una infraestructura de este tipo cerca de las costas del Parque Natural de Tamadaba. Recuerda que el límite oeste del área prevista se encuentra en la Punta de La Aldea y que a unos siete kilómetros se sitúa la playa de Guguy, uno de los enclaves naturales más singulares y mejor conservados de Gran Canaria.
La proximidad del proyecto adquiere una relevancia especial porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja desde hace años para lograr que el macizo de Guguy sea declarado Parque Nacional, una figura que convertiría a este espacio en el primero de la isla y el quinto de Canarias. La propuesta impulsada por la institución insular ha ido ampliando su ámbito de protección y contempla un gran espacio terrestre y marino que superaría las 19.000 hectáreas, integrando la actual Reserva Natural Especial y los ecosistemas marinos asociados.
Sánchez sostiene que se trata de una industria “altamente contaminante” y “extremadamente peligrosa” para la fauna marina local. A su juicio, no solo está en riesgo el ecosistema costero de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, sino también un entorno que las administraciones pretenden situar entre los espacios naturales más protegidos del país. Además, advierte de que la instalación podría afectar a la continuidad de la flota pesquera artesanal de Agaete, Mogán y Arguineguín.
Movilización social
La Unión de Asociaciones ha anunciado su adhesión a las movilizaciones convocadas por pescadores y vecinos de la Reserva de la Biosfera. La protesta está prevista para el 7 de junio y busca frenar el avance del proyecto acuícola en la costa de La Aldea.
El colectivo reclama que se paralice cualquier tramitación en marcha y que se realice un estudio riguroso sobre el impacto real de la instalación. Para la Unión de Asociaciones, el debate no se limita a una concesión acuícola concreta, sino al modelo de protección, pesca y uso del litoral que debe aplicarse en una de las zonas con mayor valor natural y cultural de Gran Canaria.