Un acuerdo extrajudicial negociado entre el Gobierno de Canarias y Lopesan da alas tanto a la empresa de Eustasio López como al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para seguir adelante con el Plan Parcial Meloneras 2A. Ahí parece que está una de las claves para entender el enredo generado después de que la Consejería de Política Territorial del Ejecutivo regional pidiera su anulación.
Para que nadie se pierda, merece la pena dar antes algo de contexto. Hace una semana, Atlántico Hoy se hizo eco de que el área liderada por Manuel Miranda pidió a la corporación municipal que deshiciera la aprobación definitiva del plan que permitirá a Lopesan construir cinco hoteles de siete plantas que suman 1.800 habitaciones. La pregunta es: ¿por qué se envió ese requerimiento?
La sentencia
La respuesta es muy sencilla. Porque una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió una sentencia en diciembre de 2013, vinculada con la moratoria turística, obliga a reclasificar parte del suelo a rústico —en lugar de mantenerlo urbanizable—. Es lo que ha sucedido con una parcela del Plan Parcial Meloneras 2A, donde se supone que no está permitido levantar ni una piedra.
Aquello no gustó a promotores como Lopesan porque lastraba sus intenciones de seguir expandiéndose e iniciaron negociaciones con el Gobierno canario para alcanzar un acuerdo extrajudicial que permita mantener esa parcela —por ejemplo— como suelo turístico donde sí se pueda construir. El pacto aún no está ratificado por la sala, pero todo apunta a que va a salir adelante.
En manos del Gobierno
Al menos, eso se puede concluir a la vista de los movimientos dados por el Ayuntamiento al aprobar el Plan Parcial Meloneras 2A a pesar de la sentencia que lo impide. La Viceconsejería de Administraciones y Transparencia, en base al informe de Política Territorial, se encargó de recordarle al Consistorio que debe parar ante lo dictado por los tribunales hace 12 años.
En definitiva, el asunto está en manos del Gobierno de Canarias porque es el que debe ratificar el acuerdo que está cerca de alcanzar con Lopesan. Al otro lado del tablero está el Ayuntamiento sureño que, aunque no participa en las negociaciones, es el encargado de ejecutar el plan urbanístico en el entorno de Meloneras —algo que, en principio, parece decidido a hacer—.
El plan
Según ha podido saber este periódico, la corporación municipal se puso en contacto con ambas partes —la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias y Lopesan— cuando empezó a tramitar el Plan Parcial Meloneras 2A con la finalidad de conocer de primera mano cómo iba la situación. A partir de ahí, arrancaron con todo el procedimiento al tener conocimiento, seguramente, de que estaba casi listo.
La intención de San Bartolomé de Tirajana y Lopesan, quienes parecen estar cerca de poder seguir sin problemas con el plan, es desbloquear una zona paralizada durante más de dos décadas, posibilitando una inversión público-privada superior a los 700 millones de euros. En caso de llevarse a cabo, se liberarán 300.000 metros cuadrados de suelo municipal para usos deportivos, educativos, socio-sanitarios, viales y jardines.