La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha dado un nuevo paso en su estrategia para aliviar la tensión del mercado inmobiliario en el sur de Gran Canaria. A través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), el Ejecutivo regional ha concedido una subvención directa de 2.500.000 euros al Ayuntamiento de Mogán. Esta partida presupuestaria tiene como objetivo principal el incremento del parque público de vivienda en régimen de alquiler y el fomento de la vivienda protegida en arrendamiento en el municipio.
Impulso al alquiler asequible
Esta inyección económica se enmarca dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Con esta medida, la administración autonómica busca reforzar su papel en la promoción del acceso habitacional, poniendo el foco en aquellos sectores de la población que enfrentan mayores dificultades económicas o que se encuentran actualmente excluidos del mercado libre debido a los altos precios.
Desde la Consejería, dirigida por Pablo Rodríguez, subrayan que la construcción de vivienda protegida de titularidad pública es una herramienta esencial para garantizar la cohesión social y territorial en el Archipiélago.
El consistorio moganero ya ha definido la hoja de ruta para ejecutar estos fondos. De acuerdo con la planificación municipal presentada para justificar la ayuda, el Ayuntamiento ha proyectado el desarrollo de nuevas promociones de vivienda protegida en cuatro parcelas estratégicas del municipio. Dos de ellas se ubicarán en el barrio de Motor Grande, en la zona de Puerto Rico; una tercera se levantará en El Horno, concretamente en la calle Tajinaste; y la cuarta promoción está prevista en el valle de Veneguera.
Objetivos de la subvención
La finalidad de esta transferencia de capital trasciende la mera construcción. Entre los objetivos prioritarios que vehiculiza el ICAVI se encuentra la erradicación de situaciones de chabolismo e infravivienda. Se busca que los beneficiarios puedan acceder a un hogar digno permaneciendo en su entorno habitual o, en caso de ser necesario un traslado, que este sirva para mejorar sustancialmente sus condiciones de vida y su integración socioeconómica.
Además de ampliar la oferta en un contexto de elevada demanda y escasez, la actuación permitirá a la administración local participar activamente en el mercado de la vivienda. Los fondos también podrán destinarse a remodelar, rehabilitar o reponer viviendas protegidas ya existentes promovidas por entidades públicas, asegurando así el mantenimiento de las dotaciones y equipamientos al servicio de la ciudadanía.