La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se ha situado en el centro del debate sobre la ley de vivienda vacacional, la tasa turística y el futuro político de Gran Canaria. En esta entrevista con Atlántico Hoy, defiende que el Gobierno de Canarias “expulsa” a los pequeños propietarios de vivienda vacacional, reivindica a Mogán como modelo de gestión de fondos europeos y explica su proyecto político Bueno para…, así como las “líneas rojas” que le han puesto dirigentes como Óscar Hernández.

[Pregunta] La nueva ley de vivienda vacacional se acaba de aprobar en el Parlamento. Usted ha sido muy crítica, sobre todo por la carga que deja a los ayuntamientos. ¿Por qué?

[Respuesta] Toda la carga nos la pasan a nosotros, incluso la parte inspectora, que siempre la ha tenido el Gobierno de Canarias. Con esta ley, una vez que tengamos el informe preceptivo de los cabildos, los ayuntamientos somos los que vamos a tener que resolver y decirle a la gente: “Usted no cumple las actividades clasificadas”. Ahí está el problema de fondo. Esta ley ha tenido modificaciones desde el inicio, pero lo que no se ha tocado es la actividad clasificada. Meten la vivienda vacacional dentro de la actividad clasificada cuando esa norma es de 2011 y el decreto de vivienda vacacional es de 2015. No calza. Y si no calza jurídicamente, el resultado será que las cosas no funcionen en la práctica.

¿Qué alternativa ha planteado Mogán para evitar ese choque entre la ley de vivienda vacacional y las actividades clasificadas?

Desde el Ayuntamiento de Mogán le hemos dicho al Gobierno de Canarias que tiene que cambiar la ley a través de un decreto, donde se haga un decálogo de vivienda vacacional para actividad clasificada. Les hemos trasladado varias alternativas: que aclaren qué pasa con los arrendamientos temporales, con los alquileres de larga duración y con las exenciones que ya tienen hoteles y apartamentos con actividad clasificada. Les hemos dado tres opciones para que hagan las cosas bien. Yo espero que el presidente del Gobierno de Canarias recule en relación a las actividades clasificadas, ya no solo por la carga que nos traslada a la administración local, que es enorme, sino porque van a expulsar a miles de pequeños propietarios en Canarias que tienen ese plus de sustento para su economía familiar. Al final, si no se corrige, la economía del turismo se la van a seguir quedando los de siempre, y eso no es justo.

¿Nadie reparó en esto durante el trámite parlamentario? ¿Qué pasó con las enmiendas?

La FECAM, donde el Ayuntamiento de Mogán forma parte, presentó una enmienda específica sobre las actividades clasificadas, que es la columna vertebral de la ley. Pero el problema es que, aun sabiendo que ese era el núcleo del asunto, la rechazaron. El director general de Turismo, Miguel Ángel Rodríguez, lo tuvo claro: por ahí no quería que pasara la modificación. Y si esa parte no se cambia, por muchas buenas intenciones que tengas, de aquí a un año o año y medio muchas viviendas vacacionales se verán expulsadas del sistema. Está clarísimo. Por eso reclamamos un nomenclátor específico para las viviendas vacacionales dentro de la actividad clasificada.

Mogán también ha sido pionero en aplicar una tasa turística municipal. ¿Por qué cree que casi nadie más se atreve a dar ese paso?

A nosotros ya nos han llegado otros ayuntamientos y, de hecho, ya hemos firmado contratos con municipios de Canarias a través de la empresa Gestión Mogán, que es la que ha hecho el expediente de la tasa turística. Hablo, por ejemplo, de La Oliva y Puerto del Rosario, que ya están caminando hacia la aprobación de la tasa. Otros ayuntamientos son más cautos y prefieren esperar a que haya sentencia en el procedimiento principal, porque las cautelares ya las hemos ganado. Es una cuestión de precaución o de valentía, según cómo lo quieras mirar. Pero si al final nos dan la razón, está claro que muchos vendrán “en barrena” a pedir asesoramiento a Mogán. De hecho, el otro día me llamó también el alcalde de Pájara para llevarlo a cabo. No es una cosa rara: el Ayuntamiento de Málaga también lo ha hecho, y recientemente la Comunidad de Galicia ha aprobado el impuesto y ha cedido la tasa a los ayuntamientos.

El Gobierno de Canarias ha insistido en que la tasa turística no está en su programa electoral. En cambio, sí ha sacado adelante la ley de vivienda vacacional. ¿Ve un doble rasero?

Totalmente. Dicen: “No, es que tampoco llevábamos la tasa turística en el programa electoral”. Pero tampoco llevaban esta ley de vivienda vacacional con este diseño. Según el prisma con el que se miren las cosas, hay más interés o menos interés en aplicar una u otra medida. Yo creo que el Gobierno de Canarias está siendo irresponsable y está perdiendo recursos importantísimos para Canarias. Nosotros hicimos el cálculo: el año pasado se cerró con 73 millones de pernoctaciones, y por persona y día salía alrededor de 146 millones de euros de recaudación potencial. Eso sería un plan de vivienda estupendísimo para Canarias. Y si no lo quieres destinar a vivienda, lo puedes dedicar al ciclo integral del agua, que también necesita inversiones urgentes, o a otras muchas necesidades. Somos una potencia turística mundial, pero la autoestima del Gobierno de Canarias está demasiado baja como para creérselo e implantar la tasa.

El presidente, en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canarias, deslizó que tomaría una decisión sobre la tasa turística con base científica, tras escuchar a un comité de expertos. ¿Cree que se está alargando demasiado el debate?

Si la quisieran implantar de verdad, la podrían implantar ya. Tienen ejemplos de sobra: Baleares, gobernada ahora por el Partido Popular, no ha quitado la tasa que implantó un gobierno de izquierdas; Cataluña la mantiene; y Galicia, con un gobierno de mayoría absoluta del PP, la acaba de aprobar. El Partido Popular en Canarias no tiene justificación para no implantarla. Clavijo ha dicho que podrían subir el IGIC de las pernoctaciones, la consejera habla del modelo de Lanzarote, pero entre unas cosas y otras no llega nada y estamos perdiendo esos récords de visitas y esos millones de euros que vendrían muy bien para hacer políticas reales de vivienda, que es la primera preocupación de los canarios.

Se ha llegado a decir que la tasa turística sería injusta si afecta también a los residentes. En Baleares, por ejemplo, se aplica en temporada alta. Aquí se podría hacer algo similar, porque el turista local no suele pernoctar en los hoteles canarios entre octubre y mayo. ¿Qué le responde a ese argumento?

En Baleares, por ejemplo, la tasa se aplica también en temporada alta y la paga todo el mundo, incluidos los residentes. Otra cosa es que luego haya ingeniería fiscal para compensar al residente de alguna manera, pero a nivel constitucional ya se ha discutido, y no hay problema. Todos somos turistas cuando pasamos por un establecimiento turístico.

Disculpe que le interrumpa. Hoy, antes de venir hasta aquí, coincidí con un amigo que pasará Fin de Año en Milán y pagará siete euros por noche.

Lo que no puede ser es que en sitios como Milán se esté subiendo la tasa para pagar las instalaciones de unos Juegos Olímpicos y, mientras tanto, en Canarias sigamos haciendo el bobo. Otros países llevan años con esta herramienta y se ven mejoras. Con la situación deficitaria en vivienda que tenemos, podríamos dedicar unos 146 millones de euros anuales a construir vivienda alrededor de todo el Archipiélago.

¿Es tan fuerte la presión de los empresarios hoteleros como para frenar esa tasa turística?

Al parecer, sí. A nosotros, con la tasa, nos la recurrieron en los juzgados. Hay una parte importante del empresariado turístico en Canarias que no es canaria. Muchos son grupos internacionales que vienen a asentarse aquí y que ni siquiera tributan en Canarias. Yo creo que ya está bien de que siempre ganen los mismos. Si hablamos de democratizar la economía del turismo, la vivienda vacacional y la tasa turística son herramientas clave. Hay más de 160 países en el mundo que tienen tasas turísticas. Y muchos de los hoteleros que operan en mi municipio ya trabajan en países donde pagan tasas sin quejarse. Aquí sí se quejan. Eso significa que los hemos malacostumbrado.

Esta semana se han cerrado playas en Mogán y en otros puntos de Gran Canaria por problemas de contaminación. ¿Reclamará responsabilidades por un quebranto eocnómico si se aclara el origen del vertido?

Claro que sí. Estamos estudiando las causas y ya hemos hecho algunos números comparando la semana en la que la playa estuvo cerrada con la misma semana del año anterior. Hay un quebranto económico evidente, no solo para el Ayuntamiento por las hamacas y sombrillas, sino también para los hosteleros a pie de playa. Además, está la mala imagen: ese turista que reservó su paquete para esa semana y no pudo disfrutar de la playa porque estaba la bandera roja o negra. ¿Quién resarce ese daño promocional hacia las playas de Gran Canaria y, en concreto, hacia las del municipio de Mogán? Cuando se dirima en las diligencias preprocesales con Fiscalía y sepamos quién es el responsable, nos dirigiremos a quien corresponda.

En fondos europeos, Mogán puede presumir de ser el mejor alumno de la clase. ¿Qué están haciendo ustedes que otros municipios no hacen?

Lo principal es saber proyectar, tener los proyectos listos y ejecutarlos. Hay alcaldes a los que también les han tocado fondos europeos y, por lo bajini, te reconocen: “Mogán está sacando pecho”. Claro que sacamos pecho: devolvemos 0 euros a Europa. Otros ayuntamientos, a los que se les han asignado fondos similares, tienen que devolver millones porque no han sido capaces de ejecutar en tiempo y forma. Europa te dice que, primero, presentes una memoria de cómo proyectas tu municipio, después sacas la convocatoria y, a partir de ahí, justificas cómo focalizas esos fondos. En nuestro caso, los hemos concentrado en Arguineguín, tanto en la parte baja del barrio marinero como en la zona residencial alta, con unos 11 millones de euros, y queremos llegar a los 14 millones, que es el total del proyecto. Ya tenemos experiencia de un plan anterior: pedimos 5 millones, nos dieron 4,2 y al final acabaron siendo casi 6 millones por nuestra capacidad de proyectar y de justificar.

¿Hasta qué punto es clave el músculo funcionarial para que esos fondos se conviertan en obras y servicios reales?

Es vital. Tenemos el apoyo externo de una consultora muy potente, pero también tenemos algo determinante: funcionarios formados en fondos europeos. Desde Presidencia, donde se generan los proyectos, pasando por Contratación, Obras Públicas, Intervención, Tesorería… toda la cadena sabe cómo se tramitan y justifican estos fondos. Desde que soy alcaldesa, en 2015, hemos ejecutado unos 35 millones de euros en el Ayuntamiento de Mogán. Eso no se consigue sin un grupo A potente, con ingenieros, arquitectos y funcionarios en todos los escalafones. El político marca la directriz, pero si no dotas a los funcionarios de herramientas y estructura técnica, el dinero se queda en el banco y no se transforma en ciudad ni en servicios. Cuando llegué al Ayuntamiento de Mogán, lo primero que hice fue ordenar la casa por dentro y dotarla de plazas suficientes para que la maquinaria se engrasara. Ahora vamos a velocidad de crucero. Eso es lo que deben hacer muchas administraciones.

Ha llegado a decir que Mogán se ha convertido casi en una “agencia de colocación” para otros municipios. ¿En qué sentido?

Porque hemos creado listas de reserva y vamos cubriendo nuestras vacantes. El resto de la lista queda libre y los otros ayuntamientos nos llaman todo el tiempo. Tengo convenios hasta con Icod de los Vinos. Nos piden ingenieros, arquitectos, trabajadores sociales, administrativos, auxiliares…, de todo. Al final, se nutren de Mogán para reforzar sus plantillas. Por eso digo lo de “agencia de colocación”. Y esto es totalmente extrapolable a municipios como Las Palmas de Gran Canaria: si no hay un equipo potente dedicado en exclusiva a recursos humanos y un liderazgo claro para detectar las deficiencias estructurales, el municipio seguirá empantanado y los grandes proyectos de servicios públicos no saldrán nunca.

Ha registrado la marca Bueno para… para distintos municipios. ¿Qué pretende construir con ese proyecto político?

La idea de Bueno para… es liderar un proyecto insular desde la experiencia de Mogán hacia el resto de municipios. Queremos trasladar un modelo de gestión probado, con resultados en vivienda, tasa turística, derecho de superficie, fondos europeos… No es un proyecto improvisado. Uno de los datos que me demostró la fuerza de la marca fue la reacción en redes sociales personales cuando se hizo pública la noticia: me escribieron y me llamaron desde muchos municipios queriendo participar. Pero yo lo tengo claro: no me vale cualquiera. No quiero gente con mochila política, que haya ido del tingo al tango por otros proyectos solo para colocarse. Este proyecto nace desde Gran Canaria, desde un municipio que tiene resultados reales, y no quiero que nazca contaminado. Busco personas que vienen de sectores profesionales, como yo, que vengo de la empresa privada y sé lo que es gestionar una empresa y una administración pública. Ese es el modelo que quiero trasladar: gestión, hechos, trabajo y equipo, no debates estériles.

¿Cuántos municipios se han interesado ya por esa marca Bueno para…?

Ahora mismo tenemos alrededor de 13 municipios en los que ya hay gente trabajando o interesada. Pero no se trata de estar en todos, sino de estar donde yo esté convencida de que podemos tener buenos resultados y implantar la forma de gestión de Mogán. No me obsesiona la cantidad, sino la calidad del proyecto. Prefiero estar en aquellos municipios donde se pueda replicar realmente el modelo de gestión que hemos demostrado en Mogán.

El proyecto también se ha vinculado a la idea de reunificar el nacionalismo en Gran Canaria. ¿Cómo encaja ahí su relación con Coalición Canaria, Primero Canarias o Somos Gran Canaria?

Este proyecto empezó con Teodoro Sosa y conmigo, como un intento de reunificación del nacionalismo. Teo lo sabe. Luego, Óscar Hernández ha marcado líneas rojas para Onalia y también que yo debo posicionarme dentro de Coalición Canaria, cuando sabe que no soy de Coalición. Yo doy apoyo puntual, pero no pertenezco a ningún partido. Me sentaré con quien tenga que sentarme. Lo que sí me ha dolido es el menosprecio que he sentido desde algunos dirigentes, especialmente desde Primero Canarias. Se ha dicho que “Onalia solo tiene 5.000 votos”, como si eso fuera poco. Bueno, quizá habrá que medir fuerzas a nivel de Gran Canaria y ver si son tan pocos o no. Yo me considero una persona seria. No me identifico con esos bandazos de “somos de izquierda nacionalista progresista”, luego “centroizquierda nacionalista progresista”, luego “no pactamos con el PSOE”… y al final te preguntas: ¿con quién piensan pactar? Si han puesto líneas rojas a Onalia, al PSOE y a no sé cuántos más, ¿qué les queda?

¿Cómo interpreta ese veto explícito?

Lo ha dicho usted: ha sido él el que ha hablado de “líneas rojas para Onalia” en varios medios. Yo no me cierro en banda a sentarme con nadie, pero si alguien me trata con ese menosprecio, con esas líneas rojas personales, es normal que yo también marque mis propias líneas de seriedad. La vida política da muchas vueltas y nunca se sabe dónde te va a deparar. Por eso prefiero ser cauta, verlas venir y seguir caminando. Ya veremos quién se cruza en ese camino. Hay quien me dice que esa actitud hacia mí es porque soy mujer o porque tengo un liderazgo arrollador. Yo no vengo a quitarle nada a nadie. Solo vengo con un proyecto de éxito en Mogán que se ve en el día a día y que se proyecta hacia Canarias. Allá ellos si deciden poner vetos en lugar de sumar.

Las encuestas apuntan a una subida de Vox y a un voto cabreado. ¿Le preocupa ese escenario?

No, no me da miedo, porque Vox es un partido democrático, no tienen rabos y cuernos. Lo que sí me preocupa es por qué la gente vota cabreada. Y la respuesta es clara: no hay políticos que hagan lo que la gente necesita en materia de seguridad, economía y bienestar. En Canarias, en muchos sitios ni siquiera sabemos quiénes son sus candidatos [de Vox], y aun así las encuestas dicen que van a entrar con fuerza en todas las administraciones. Eso es un problema de los que estamos hoy en política, que no llegamos a la población. Cuando se va en contra de lo que el ciudadano desea, aparecen esas opciones y el voto de castigo se concentra ahí.

Uno de los temas que más alimenta ese voto de castigo es la inmigración. Hay miedo y odio. Pero también es una realidad que se ha afrontado con exceso de buenismo, tal vez. No se ha querido afrontar y ahora hay un problema de convivencia. Usted ha sido especialmente crítica con la gestión en Canarias. ¿Por qué?

Hay un reto de convivencia y seguridad que hay que gestionar con seriedad. Yo viví la crisis migratoria del muelle de Arguineguín, sé perfectamente de lo que hablo. Yo respeto que la gente venga empujada por las condiciones de su país, pero aquí hay normas que cumplir. Cuando esas normas se quebrantan y vemos que hay zonas donde la gente ya no se siente segura, tenemos que decir “hasta aquí”. Y voy a decirlo claro: los que generan problemas en Canarias son los marroquíes, no los africanos subsaharianos. Esto no lo podemos seguir tapando. Si he tenido 100 detenidos en Mogán, el 90% son marroquíes, incluidos residentes de segunda generación. Después nos quejamos de que Vox habla claro, pero ellos solo repiten lo que muchos ciudadanos sienten y nadie más dice. No puede ser que, de madrugada, haya menores tutelados por el Gobierno de Canarias deambulando por la ciudad sin control, como hemos visto en Las Palmas de Gran Canaria. Si no se ataja eso con mano firme y políticas claras, la ciudadanía se radicaliza y busca partidos que sean altavoz de su malestar, porque no se sienten representados por los discursos oficiales. Si no afrontamos la realidad con honestidad, seguirán creciendo las opciones que capitalizan ese enfado.

¿Cree que ese miedo y esa sensación de inseguridad pueden afectar también a la imagen turística de Canarias?

Sin duda. Canarias vive del turismo y la clave es que la gente sienta seguridad. Si yo, como residente, dejo de hacer cosas porque me siento insegura al caminar por mis calles, tenemos un problema. Y si el turista percibe lo mismo, el problema se multiplica. Por eso insisto en que tenemos que hacer políticas reales, tanto en vivienda como en seguridad y gestión migratoria. No podemos permitir que la imagen de Canarias sea la de un sitio donde el ciudadano de a pie se siente violentado o teme que le roben o le agredan. Esa no puede ser la postal de una potencia turística mundial.