La administración concursal de los activos de Mar Abierto SL, sociedad vinculada al Grupo Santana Cazorla, ha solicitado ahora al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria que los hoteles de Taurito sean adjudicados al Grupo Martínón, a pesar de que dichos establecimientos fueron adjudicados de forma definitiva a Lopesan mediante un auto firme dictado el pasado mes de septiembre.
La petición afecta a los tres hoteles Santana Cazorla ubicados en Taurito —Lago, Valle y Costa—, así como al Hotel Las Tirajanas, en San Bartolomé de Tirajana. Según la información publicada, la administración concursal plantea esta solicitud tras los recursos interpuestos por Martínón contra la adjudicación previa, al considerar que su propuesta resultaría más beneficiosa para cerrar el concurso de acreedores.
Subasta judicial firme
Desde el entorno de Lopesan se subraya que la adjudicación se produjo tras una subasta judicial firme, en la que sus ofertas superaron a las presentadas por Grumasa Martínón. En concreto, el grupo turístico logró hacerse con los activos por 12.932.000 euros, una operación que incluyó también locales comerciales y dos suelos en Meloneras, correspondientes al lote 2 del procedimiento.
Las cifras reflejan una diferencia relevante entre ambas propuestas. Mientras Lopesan presentó una oferta global de 99.432.000 euros, Martínón alcanzó los 85.000.000 euros en el lote 1 y 5.500.000 euros en el lote 2. Desde la compañía adjudicataria se recalca que, si se tienen en cuenta únicamente los dos lotes finalmente subastados, la diferencia entre ambas ofertas se reduce a 3.702.000 euros a favor de Lopesan.
Adjudicación definitiva
El grupo adjudicatario sostiene que el proceso de subasta se cerró correctamente y que el juez ordenó no solo la adjudicación definitiva, sino también la formalización inmediata de las escrituras, advirtiendo del perjuicio que estaba generando cualquier dilación adicional. Sin embargo, según fuentes jurídicas, la administración concursal habría incumplido resoluciones firmes al mantener a los adjudicatarios sin título, pese al pago íntegro del precio y a la explotación continuada de los activos.
Desde el entorno de Martínón, por su parte, se denuncia una situación de extraordinaria gravedad jurídica, al intentar alterar una adjudicación firme sin respaldo legal ni resolución judicial que la ampare. Las mismas fuentes advierten de que una eventual adjudicación a un tercero distinto supondría una invasión de competencias del órgano judicial y una vulneración del principio de igualdad entre licitadores.
Acciones legales
Mientras tanto, Lopesan ha anunciado que emprenderá todas las acciones legales necesarias, incluidas de carácter personal y patrimonial, para defender una adjudicación que considera plenamente ajustada a derecho y garantizar la continuidad de los establecimientos hoteleros.
El conflicto judicial mantiene en vilo el futuro de uno de los principales complejos turísticos del sur de Gran Canaria, en un contexto marcado por la complejidad del concurso de acreedores y por la elevada repercusión económica y laboral que rodea a los activos de Taurito.