San Bartolomé de Tirajana no tendrá que anular y volver a tramitar el Plan Parcial Meloneras 2-A. La Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias remitirá una carta a la Viceconsejería de Transparencia para que archive el requerimiento de anulación enviado el pasado mes de julio al Ayuntamiento.

El director general del departamento, Onán Cruz, confirma que no seguirán con la solicitud porque ha decaído el motivo del incumplimiento principal. Se trata de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obligaba a recalificar el suelo como rústico, un trámite innecesario al homologar la Sala de lo Contencioso  Administrativo un acuerdo entre Lopesan y el Gobierno de Canarias para cumplir dicha sentencia, que se remonta a la época de la moratoria y pone fin a 15 años de litigio.

Sin trabas judiciales

El acuerdo, en líneas generales, consiste en indemnizar con 19,37 millones a Lopesan por los perjuicios de la moratoria, al tiempo que la Comunidad Autónoma se compromete a desistir de cualquier actuación dirigida a la reclasificación o expropiación de los suelos afectados.  La parcela APHB3, por tanto, está libre del impedimento jurídico que antes pesaba sobre ella.

Esa bolsa de suelo es clave para unificar terrenos y construir en los próximos años hasta cinco hoteles, con una inversión pública y privada de 700 millones, la cual fue anunciada por el propio Ayuntamiento hace unos meses, con motivo de la modificación del Plan General de Ordenación para sacar adelante el Plan Parcial Meloneras 2-A.

Plazos

Política Territorial está a la espera de recibir la homologación oficial del acuerdo para remitir la carta a la Viceconsejería de Transparencia, que, a su vez, deberá archivar el expediente y comunicar al Ayuntamiento que no proceda a su tramitación.

Estas gestiones administrativas, que tardarán entre una y dos semanas, resuelven un problema importante para el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que estaba recabando información para contestar al Gobierno de Canarias y oponerse a la anulación del Plan Parcial.

Los servicios jurídicos de Lopesan, en el trámite de alegaciones abierto por la institución local, advierten con nuevas reclamaciones patrimoniales si hay un cambio de postura que perjudique sus intereses, reprochando al Gobierno que remitiera el requerimiento de anulación pese a la existencia del acuerdo.

Sin mala fe

Desde Política Territorial aclaran que no han actuado de mala fe, sino condicionados por la existencia de una sentencia que les obligaba a reclasificar los terrenos a rústicos, una actuación incompatible con el instrumento de planeamiento aprobado por San Bartolomé. Es la reciente ratificación del acuerdo realizada por el TSJC lo que permite al Ejecutivo variar de postura, pues sin él estaba abocado a realizar el cambio de suelo.

Los técnicos también han detectado otros incumplimientos en el Plan Parcial, pero son de menor importancia y, por tanto, subsanables con modificaciones y correcciones posteriores.