El lío con la parcela afectada por la moratoria y que complica los planes de Lopesan en el sur de Gran Canaria sigue enquistado. El Gobierno autonómico asegura que no puede dar su visto bueno al Plan Parcial Meloneras 2A porque una parte del suelo debe ser reclasificado como rústico, pero tampoco está dispuesto a ignorar la sentencia del año 2013 que lo obliga a hacerlo.
El Ayuntamiento de San Bartolomé, por su parte, continúa adelante con el procedimiento. Aún así, parecen estar tranquilos. Una portavoz del Consistorio aseguró a este periódico hace unos días que ellos han hecho las cosas “como se debe” y que es el Ejecutivo regional “el que debe aclarar la contradicción”. Los dos puntos de vista son tan distantes que parece difícil sacar algo en claro.
Reunión
Después de varios días ambiguos, todo apunta a que el primer encuentro oficial para abordar el tema entre el Gobierno y el área de Urbanismo de la corporación municipal tendrá lugar la semana que viene si ambas partes encuentran un hueco. Fuentes de la Consejería de Política Territorial aseguran a Atlántico Hoy que están intentando cerrar la reunión.
Aunque apuntan que la comunicación ha sido fluida en todo momento a la hora de abordar el tema. Ahora bien, no titubean a la hora de poner sobre la mesa que ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) —y ratificada por el Tribunal Supremo (TS)— “es innegociable” sin que haya otro procedimiento jurídico que lo anule.
Decisión del juez
“Nosotros seguiremos diciendo que a día de hoy esta sentencia hay que cumplirla y será un juez el que determine quién tiene razón”, añaden. Aclaran que eso será solo en caso de que el Ayuntamiento valore otras alternativas e insista en tirar para adelante. Explican que hay un proceso de seguimiento por parte de los juzgados para ver cómo evoluciona el asunto.
Desde Política Territorial detallan que el Ayuntamiento tiene un mes para alegar la anulación que parte de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia —en base a una resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio—. Indican que el encuentro que mantengan las dos partes servirá para pulir ciertas cuestiones subsanables “pero la sentencia ratificada por el Supremo la tenemos que cumplir sí o sí”.
36 expedientes
“No tenemos otra posibilidad”, apostillan. Merece la pena resaltar que el procedimiento para cumplir la sentencia incluye 36 expedientes y no solo el que está relacionado con Lopesan. Las fuentes de Política Territorial admiten que sacar la parcela afectada por la moratoria del Plan Parcial Meloneras 2A es una posibilidad, pero no la única.
La otra alternativa es que el Ayuntamiento ignore a la Consejería encabezada por Manuel Miranda. En ese caso, Política Territorial impugnaría el documento, irían a sala y un juez sería el encargado de decidir quién tiene razón.
Dos décadas parada
La tramitación del expediente urbanístico llevaba más de dos décadas parada por las discrepancias en los aprovechamientos del suelo entre el Ayuntamiento y Lopesan, que es el promotor llamado a desarrollar la zona.
Esas desavenencias se resolvieron el pasado día 6 de mayo, fecha en la que el Pleno Municipal aprobó por unanimidad y de manera definitiva la modificación menor del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana 1996, incluidos sus cambios posteriores en el ámbito del sector del Plan Parcial Meloneras 2A.
El plan
Todo se basa en incumplimientos al ordenamiento jurídico que afectan a la parcela 3 APHB del Plan Parcial Meloneras 2A. En ese espacio, que tiene 54.070 metros cuadrados de superficie, Lopesan quiere levantar uno de sus cinco hoteles, pero el terreno está condicionado por una sentencia que obliga a reclasificar el suelo a rústico.
El plan urbanístico —que requiere una inversión superior a los 700 millones de euros— contempla la construcción de 1.800 nuevas habitaciones en cinco hoteles de hasta siete plantas, la creación de zonas verdes y la mejora de la movilidad en la zona. Está previsto que se liberen 300.000 metros cuadrados.