El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha denunciado este viernes que la corporación insular y sus entes dependientes concedieron durante 2025 más de 213 millones de euros en subvenciones directas, una cifra que, según los populares, refleja el uso habitual de un mecanismo que la legislación contempla como excepcional.
La denuncia se basa en el informe de control interno elaborado por la Intervención General del Cabildo, documento que será analizado en el Pleno ordinario de la institución insular. Según los datos recogidos en dicho informe, el gobierno presidido por Antonio Morales otorgó el pasado año un total de 282 millones de euros en subvenciones, lo que representa el 28,6% del presupuesto consolidado de la corporación.
De esa cantidad, alrededor de 210 millones de euros correspondieron a transferencias corrientes, mientras que los 72 millones restantes se concedieron mediante transferencias de capital.
Tres de cada cuatro ayudas
El informe señala que el 75,6% de las subvenciones concedidas en 2025 se tramitaron mediante el procedimiento de concesión directa. La Intervención General recuerda que esta fórmula tiene carácter excepcional y recomienda desde hace años priorizar los procedimientos de concurrencia competitiva.
Según el PP, el volumen de ayudas concedidas por esta vía aumentó un 34,5% respecto a 2024, consolidando una tendencia que el órgano fiscalizador viene advirtiendo en ejercicios anteriores.
Además, el informe pone el foco en que gran parte de estas subvenciones se abonan de forma anticipada. La Intervención advierte de que, si estos pagos no cuentan con mecanismos adecuados de seguimiento, justificación o reintegro, podrían generar perjuicios para los fondos públicos.
Más de 88 millones pendientes
A cierre de 2025, el órgano de control cifra en más de 88 millones de euros las subvenciones pendientes de justificar. La Intervención también señala que en numerosas ocasiones no se exige garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a las ayudas concedidas.
El portavoz del PP en el Cabildo y líder de la oposición, Miguel Jorge, aseguró que estas prácticas reflejan "un modo de gobernar basado en el clientelismo político", acusando al gobierno insular de utilizar recursos públicos para generar dependencia de las subvenciones.
Contratos sin respaldo legal
Otro de los aspectos destacados por los populares es la existencia de 56 contratos sin respaldo legal durante el ejercicio 2025, según recoge el informe de la Intervención General.
De ellos, 25 corresponden al Consejo Insular de Aguas, 10 a Turismo de Gran Canaria, 7 al Instituto Insular de Deportes, 6 al Instituto de Atención Sociosanitaria, 5 al propio Cabildo, 2 al Consorcio de Emergencias y 1 a la Autoridad Única del Transporte.
La Intervención también detecta deficiencias en materia de contratación pública. Entre ellas, menciona la falta de especialización y experiencia de parte del personal técnico encargado de elaborar los expedientes, lo que provoca que muchos procedimientos requieran correcciones antes de recibir informe favorable.
Falta de personal y problemas técnicos
El informe recoge igualmente la insuficiencia de medios humanos en el área de control financiero permanente. Según detalla, la unidad dispone únicamente de una jefa de servicio y una técnico de administración especial para asumir estas funciones.
A ello se suma la ausencia de un gestor documental específico y diversos problemas informáticos relacionados con los servidores del Cabildo, incidencias que, según la Intervención, provocaron interrupciones en la aplicación de contabilidad y afectaron al desarrollo de las labores de fiscalización.
El documento concluye que estas limitaciones dificultan que exista una adecuada correspondencia temporal entre el momento en que se realiza la fiscalización y los actos administrativos sometidos a control.