El Partido Popular ha elevado el tono contra Antonio Morales después de que el Tribunal Supremo rechazara admitir a trámite el recurso del Cabildo de Gran Canaria contra la anulación del Plan Insular de Ordenación (PIO). Su portavoz en la Corporación, Miguel Jorge Blanco, considera que el presidente insular y su gobierno deben asumir responsabilidades políticas por el fracaso de uno de sus principales proyectos. “Aquí alguien tiene que dimitir”, advierte.
Para el dirigente popular, la resolución judicial supone “un varapalo político de primer nivel” a Morales. El PP señala directamente al presidente, a su consejera y a los responsables de la aprobación del documento, aunque no concreta quién debería abandonar su cargo.
El Supremo acordó el pasado 21 de octubre inadmitir el recurso de casación presentado por el Cabildo contra una de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anularon la revisión del PIO. El alto tribunal considera que la controversia afecta esencialmente a la interpretación de la legislación urbanística canaria y que la institución insular no ha justificado suficientemente la intervención del Supremo.
Proyecto frustrado
Jorge Blanco recuerda que el nuevo PIO era uno de los grandes compromisos políticos de Morales. El documento, aprobado definitivamente en diciembre de 2022, debía establecer las condiciones para desarrollar nuevas infraestructuras, equipamientos y proyectos turísticos en Gran Canaria.
“Este es el proyecto estrella de la presidencia de Morales”, sostiene el portavoz popular, que lamenta que una iniciativa presentada como instrumento para modernizar la isla haya terminado anulada por los tribunales.
El origen del conflicto está en la legislación utilizada para tramitar la revisión. El TSJC concluyó que el Cabildo había aprobado el documento para adaptarlo a unas directrices de ordenación de 2003 que habían sido derogadas en buena parte por la Ley del Suelo de Canarias de 2017. La Justicia rechazó también los argumentos de la Corporación sobre la posibilidad de continuar el procedimiento conforme a la normativa anterior.
Contra los recursos
La discrepancia entre el PP y el gobierno insular alcanza ahora a la estrategia que debe seguir el Cabildo. Morales mantiene que todavía existen posibilidades de defender judicialmente el PIO y ha señalado que quedan otros procedimientos pendientes. El presidente sostiene que la decisión del Supremo no entra en el fondo del asunto y ha planteado incluso acudir al Tribunal Constitucional o a instancias europeas si encuentra fundamentos para hacerlo.
Jorge Blanco rechaza esa posición. Acusa al gobierno de intentar ganar tiempo mediante nuevos recursos judiciales en lugar de afrontar las consecuencias de las sentencias. “El señor Morales sigue mirando para otro lado, pensando en seguir recurriendo a otras instancias judiciales que permitan darle una patada al balón cuando sabe perfectamente que esa no es la solución”, afirma.
El portavoz popular considera que la prioridad debe ser corregir los problemas jurídicos del documento y recuperar cuanto antes un instrumento de ordenación que permita planificar el desarrollo de Gran Canaria.
Plan alternativo
“La solución es inmediatamente buscar un plan B”, reclama Jorge Blanco. Su propuesta pasa por revisar los aspectos del PIO que han provocado su anulación y trabajar en una nueva aprobación, sin esperar a que concluyan todos los procedimientos judiciales.
El PP entiende que prolongar el litigio puede retrasar las decisiones sobre infraestructuras, equipamientos y nuevos desarrollos económicos. Por eso exige al gobierno insular que cambie de estrategia y establezca una alternativa al documento aprobado en 2022. “No vale la huida hacia adelante”, insiste el portavoz popular.
La revisión del PIO ha acumulado varias sentencias contrarias al Cabildo desde abril. La inadmisión acordada por el Supremo deja firme una de esas resoluciones, aunque no pone fin a todos los procedimientos relacionados con el planeamiento insular.
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