Nuevo revés judicial para el Cabildo de Gran Canaria y para uno de los documentos estratégicos más importantes de la planificación territorial de la isla. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha vuelto a declarar nulo el acuerdo por el que la corporación insular aprobó definitivamente, en diciembre de 2022, la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC).
La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima en esta ocasión el recurso presentado por la cadena hotelera Lopesan junto a las mercantiles Asfaltos y Construcciones SL e Hijos de Francisco López Sánchez SA, todas bajo control de Eustasio López, y concluye que el acuerdo del Cabildo de Gran Canaria es contrario al ordenamiento jurídico.
La sentencia, dictada el pasado 6 de mayo dentro del procedimiento ordinario 47/2023, anula íntegramente la revisión del PIOGC y además condena en costas a la institución insular.
Encaje legal
El núcleo del fallo se centra en el encaje legal del documento urbanístico aprobado por el Cabildo. Según razona el tribunal, la revisión del plan pretendía adaptar el planeamiento insular a la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, pese a que gran parte de esa normativa ya había quedado derogada tras la entrada en vigor de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Para la Sala, aunque el régimen transitorio de la Ley del Suelo permitía continuar determinados procedimientos urbanísticos ya iniciados, eso no legitimaba aprobar una revisión pensada para ajustarse a un marco normativo que había dejado de estar vigente cinco años antes.
Sin sentido práctico y normativo
Los magistrados consideran que esa operación jurídica carecía de sentido práctico y normativo, ya que desembocaba en un documento “abocado” a tener que revisarse nuevamente de forma inmediata para adaptarse a la legislación realmente vigente en Canarias.
La resolución subraya además que el propio expediente administrativo del PIOGC seguía incorporando referencias a las antiguas Directrices de Ordenación General, pese a que esas menciones debían haber sido eliminadas tras el cambio legislativo introducido por la Ley del Suelo de 2017.
A juicio del tribunal, el plan aprobado por el Cabildo mantenía por tanto elementos incompatibles con la normativa aplicable, lo que impedía sostener jurídicamente la revisión territorial impulsada por la corporación insular.
Segunda sentencia
Se trata además de la segunda sentencia conocida en pocas semanas que anula el mismo acuerdo del PIOGC. El pasado 17 de abril, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ya había difundido otra resolución que estimaba un recurso contra el plan y declaraba igualmente su nulidad de pleno derecho.
La nueva sentencia amplía así la presión jurídica sobre el modelo territorial aprobado por el gobierno insular y abre un escenario de incertidumbre sobre la planificación urbanística y estratégica de Gran Canaria, especialmente en cuestiones vinculadas al desarrollo económico, turístico y de infraestructuras.
El fallo todavía no es firme. La resolución recuerda que cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que exista interés casacional objetivo y se cumplan los requisitos exigidos por la legislación vigente.