El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria reclamará en el próximo Pleno que el Gobierno de Canarias proceda cuanto antes a la entrega de la propiedad de las viviendas de protección pública a las cerca de 10.500 familias adjudicatarias que llevan casi tres décadas residiendo en régimen de alquiler.
La portavoz adjunta del PP, Pepa Luzardo, señala que el propio Ejecutivo autonómico reconoció mediante un decreto del año 1999 el derecho de los adjudicatarios del I y II Plan de Viviendas de Canarias a adquirir sus casas, al mismo tiempo que obliga a los poderes públicos a favorecer el acceso a la propiedad de los arrendatarios.
Derecho reconocido
“Es de justicia que estas 10.500 familias canarias, la mitad de ellas de la isla de Gran Canaria, puedan obtener las escrituras de propiedad de sus casas tras muchos años de lucha, pero da la impresión de que el Gobierno canario no está por la labor pese a que los adjudicatarios formalizaron anexos a los contratos de arrendamiento en los que se reconocía expresamente esa opción de compra”, afirma la portavoz popular.
En este sentido, el Grupo Popular recuerda que el anterior Gobierno canario del ‘pacto de las flores aprobó el Decreto 1/2023, de 19 de enero, “un texto normativo que establece las medidas de acceso a la propiedad de las viviendas protegidas pero que ha quedado en papel mojado, generando falsas expectativas a las familias, que se han visto obligadas a acudir a los tribunales para defender sus derechos”.
Medidas propuestas
Así, la moción del PP insta al Gobierno de Canarias a identificar y hacer público, en el plazo máximo de tres meses, el conjunto de promociones de titularidad de la Comunidad Autónoma y de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN) que existen en Gran Canaria, en el ámbito de aplicación del Decreto 1/2023, indicando su situación administrativa y el calendario previsto de actuaciones.
En segundo lugar, los populares instan al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) a activar el procedimiento previsto para la entrega de la propiedad en el artículo 3 del Decreto 1/2023, para las promociones existentes en Gran Canaria que reúnan los requisitos, dando prioridad a aquellas familias que cuenten con contratos suscritos con la Administración en los que reconoce la opción de compra.
Mesa de trabajo
Asimismo, el PP propone constituir una mesa de trabajo y seguimiento integrada por representantes de los distintos ayuntamientos de la isla, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y las plataformas de afectados con el objetivo de alcanzar una solución definitiva y consensuada, ajena a los cambios de ciclo político, que otorgue seguridad jurídica a las familias.
Por otra parte, el Pleno del Cabildo debatirá otra moción presentada por el PP en la que se insta al gobierno insular a impulsar, junto al resto de administraciones públicas competentes, la firma de un convenio de colaboración para la puesta en marcha de un plan de reposición de las viviendas del conjunto residencial ubicado en el entorno de la calle Gobernador Marín Acuña, en el barrio capitalino de San Francisco.
Plan de reposición
Se trata de 571 viviendas con casi 70 años de antigüedad, distribuidas en cinco bloques de entre cinco y siete plantas, que presentan graves problemas de humedades en el interior de los pisos, deterioro de fachadas, grietas, deficiencias de accesibilidad y otras patologías estructurales o relacionadas con las redes de saneamiento.
Además, los vecinos de este complejo residencial relatan episodios de hundimientos y pérdida de estabilidad en las plantas bajas, que han obligado a varias comunidades a realizar actuaciones de emergencia, incluyendo refuerzo de cimentaciones y pilares.
Estudio pendiente
Este problema ya se debatió en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en octubre de 2019 a través de una moción, aprobada por unanimidad, en la que se acordó la realización de un estudio sociológico del barrio como punto de partida para determinar el estado de las viviendas y sus ocupantes y definir las actuaciones a ejecutar.
Sin embargo, siete años después, el Consistorio no dispone de dicho estudio ni proyecto de rehabilitación ni previsión financiera para el arreglo de los edificios.
Consenso administrativo
Por todo ello, el Grupo Popular considera fundamental alcanzar un consenso entre todas las administraciones implicadas para conocer con precisión el estado actual de las viviendas, delimitar el ámbito de actuación, definir la solución técnica más adecuada, cuantificar económicamente las actuaciones necesarias, establecer un calendario de trabajo y definir las vías de financiación pública.
“El objetivo no debe ser atribuir responsabilidades por lo que no se hizo en el pasado, sino conseguir de una vez por todas que las administraciones trabajen de forma conjunta y coordinada para que los vecinos de estos bloques del barrio de San Francisco cuenten por fin con un proyecto viable y la financiación necesaria para poder arreglar sus casas”, sostiene Pepa Luzardo.
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