Puertos Canarios ha salido al paso de la polémica con el Ayuntamiento de Mogán por las concesiones de sus puertos deportivos y ha pedido interpretar en sus justos términos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el Puerto Deportivo de Puerto Rico. El ente público sostiene que la resolución judicial reconoce la legitimación municipal para intervenir en el procedimiento, pero no concede una prórroga extraordinaria a la concesionaria ni anticipa la resolución del expediente del Puerto de Mogán.
La aclaración llega después de que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, exigiera el cese de dos altos cargos de Puertos Canarios a raíz del fallo judicial. La entidad regional insiste en que la sentencia 398/2026 debe analizarse desde una perspectiva estrictamente jurídica y rechaza que de ella puedan extraerse conclusiones sobre responsabilidades personales o destituciones.
Qué reconoce la sentencia
Puertos Canarios admite que el TSJC reconoce al Ayuntamiento de Mogán un interés institucional propio para intervenir en el procedimiento relativo al Puerto Deportivo de Puerto Rico, ubicado dentro del término municipal. La explotación de estas instalaciones puede afectar a competencias locales relacionadas con el urbanismo, la movilidad, la seguridad, las licencias, la actividad turística, la protección ambiental y el uso público del litoral.
El ente autonómico asegura que respeta este pronunciamiento judicial y que lo incorpora con normalidad a la tramitación administrativa. No obstante, pide que se tenga en cuenta el conjunto de la resolución y no únicamente los aspectos relativos a la legitimación municipal.
Según su interpretación, el fallo estima la impugnación presentada por Puertos Canarios exclusivamente en lo referente a la falta de legitimación de la mercantil Gabinete de Enseñanza y Venta, S.L.U., para intervenir en el procedimiento. Asimismo, confirma la sentencia 313/2024, dictada en primera instancia el 23 de diciembre de 2024, con esa única salvedad.
La prórroga no es automática
Puertos Canarios subraya que la sentencia no otorga una prórroga extraordinaria a Puerto Rico, S.A., ni aprueba, deniega o anticipa la resolución de los expedientes administrativos que se encuentren en tramitación.
La entidad recuerda que la presentación de una solicitud por parte de una concesionaria no genera por sí misma el derecho a ampliar la concesión ni impide automáticamente que el título se extinga cuando vence su plazo. La eventual concesión de una prórroga extraordinaria requiere cumplir los requisitos materiales y procedimentales establecidos y contar con una decisión del órgano competente.
El organismo autonómico recalca, además, que la resolución judicial no incluye pronunciamientos sobre ceses, responsabilidades personales o reproches disciplinarios contra cargos públicos o empleados de Puertos Canarios. A su juicio, el fallo se circunscribe a cuestiones de legitimación, procedimiento y alcance de las pretensiones planteadas ante los tribunales.
El conflicto con Onalia Bueno
La aclaración se produce en plena escalada de las diferencias entre el Gobierno de Canarias, a través de Puertos Canarios, y el Ayuntamiento de Mogán. Tras conocerse la sentencia, Onalia Bueno reclamó el cese del director gerente del ente, José Gilberto Moreno García, y de Enrique Wiot Benavides, secretario del Consejo de Administración y director administrativo.
La alcaldesa trasladó formalmente su petición al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y al presidente de Puertos Canarios, Pablo González. Bueno sostiene que la actuación de ambos responsables ha perjudicado los intereses municipales en los expedientes de los puertos deportivos de Puerto Rico y Puerto de Mogán.
Frente a estas acusaciones, Puertos Canarios evita entrar en una confrontación personal y recuerda que las decisiones corresponden a su Consejo de Administración, del que también forma parte la alcaldesa. El ente defiende que las discrepancias entre administraciones deben abordarse con lealtad institucional, rigor jurídico y respeto recíproco.
Puerto de Mogán, otro expediente
Puertos Canarios insiste en que el procedimiento relativo al Puerto de Mogán constituye un asunto distinto y debe resolverse por su propia vía administrativa. La entidad sostiene que la tramitación debe incluir la audiencia a las partes que corresponda, una valoración técnica y jurídica completa y una decisión de los órganos competentes.
El conflicto se centra en la concesión otorgada en 1981 al Ayuntamiento de Mogán y cuya explotación fue cedida posteriormente a la empresa privada Puerto de Mogán, S.A. El plazo vigente finaliza en marzo de 2031, mientras que la compañía ha solicitado una prórroga extraordinaria de 25 años, a la que se opone el Consistorio.
En agosto, Puertos Canarios publicó en el Boletín Oficial de Canarias la solicitud de prórroga extraordinaria presentada por Puerto de Mogán, S.A., y abrió un periodo de información pública de un mes.
El Ayuntamiento defiende su posición en el procedimiento y sostiene que debe poder intervenir en las decisiones que afecten al futuro de las instalaciones. Puertos Canarios, por su parte, recalca que la existencia de expedientes en tramitación no equivale a la aprobación de una prórroga ni prejuzga el resultado final.
La entidad concluye que continuará resolviendo los asuntos de su competencia conforme a la legislación aplicable, las resoluciones judiciales y el interés general, y reitera su disposición a cooperar con el Ayuntamiento de Mogán.
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