Las organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, CSIF y STAP-IC, junto con personal afectado, han interpuesto una batería de recursos de reposición contra la reorganización de las jefaturas y servicios acordada el pasado mes de abril por el departamento de Recursos Humanos.
El malestar de la plantilla y de los representantes sindicales por esta medida va en aumento: no sólo ha escalado hasta llegar al último Pleno municipal, con el concejal Samuel Henríquez pidiendo explicaciones desde la oposición al gobierno local, sino que amenaza con llegar a los juzgados de lo contencioso-administrativo. Hay al menos cinco cambios que afectan a servicios importantes.
Suspensión cautelar
Las centrales sindicales exigen la nulidad de pleno derecho de estos decretos al considerar que la corporación ha modificado de facto la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de forma unilateral, omitiendo la negociación colectiva preceptiva y vulnerando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
También denuncian que el Consistorio ha acudido a la Provisión Provisional Forzosa (PPF) para crear y cubrir puestos que no existen formalmente en la RPT vigente desde 2015, eludiendo la competencia del Pleno y de la Mesa General de Negociación. Por eso solicitan la suspensión cautelar de la ejecución del decreto, con la finalidad de evitar perjuicios de difícil reparación.
La motivación oficial
La resolución está dictada por la concejala del Área de Gobierno de Presidencia, Recursos Humanos, Cultura, Igualdad, Juventud y Educación, María Elena Álamo Vega, a propuesta del jefe de Recursos Humanos, Juan José Ramos López, cuyo informe es cuestionado con dureza por los sindicatos.
Ramos, además de funcionario de carrera, fue concejal por lel PP en Santa Lucía, Ayuntamiento en el que rechazó usar la PPF en la asignación o reorganización de las jefaturas, recuerdan los sindicatos.
La administración, en cambio, argumenta que existe un desfase entre la RPT vigente y la estructura real de áreas, un desajuste organizativo y funcional que es necesario corregir lo antes posible.
El gobierno local considera una "urgencia inaplazable" adaptar la denominación y competencias de las jefaturas para garantizar la legalidad de los expedientes, con la obligación de crear provisionalmente las unidades necesarias y evitar la parálisis de los servicios.
Por eso Recursos Humanos ha revocado las Atribuciones Temporales de Funciones (ATF) previas y ha asignado forzosamente los puestos a funcionarios del Grupo A1, bajo apercibimiento disciplinario en caso de negativa, todo mediante la figura de la Provisión Provisional Forzosa (PPF)
Nombramientos y revocaciones
Las resoluciones dictadas en el expediente 7176/2026 determinan nombramientos y revocaciones sobre puestos clave de la estructura municipal. Destaca el propio Ramos López, autor del informe propuesta, en la jefatura del Área de Presidencia, Recursos Humanos, Cultura, Igualdad, Juventud, Educación y Asistencia a la Contratación, con la creación provisional del puesto, su adscripción y la percepción de un complemento específico de productividad por jefatura de 1.000 euros netos trimestrales.
Los sindicatos señalan en sus motivos de impugnación indicios de conflicto de intereses, falta de imparcialidad y vulneración de los deberes de abstención, pues el adjudicatario o beneficiario coincide con el funcionario que impulsa e informa el expediente, cuya contratación inicial también ha sido cuestionada por la oposición.
Otra creación provisional y asignación forzosa es la María Isabel del Toro Vega en la jefatura de Servicio de Patrimonio Público y Responsabilidad Patrimonial, que lleva aparejada una productividad de 800 euros netos trimestrales, todo ello a pesar de estar en comisión de servicios voluntaria.
Lo mismo sucede con Guillermo Castellano Pérez como jefe del Servicio de Disciplina Urbanística e Inspección y Vivienda, quien ostenta la condición de funcionario en prácticas, y con Jorge Abián Santana López como responsable del Servicio de Intervención Urbanística, Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.
Asimismo, se revoca la Atribución Temporal de Funciones (ATF) de Juan Bordes López sobre el área de Disciplina Urbanística. El afectado no sólo ha impugnado la medida por indefensión y la vulneración de las medidas preventivas dictadas a su favor por la Comisión de Valoración de Acoso Municipal, sino que se ha querellado contra los responsables de Urbanismo por acoso y otros delitos.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.