Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha agitado el transporte en el Aeropuerto de Gran Canaria. El fallo, emitido el pasado 23 de abril, avala que el Cabildo Insular no debe limitar el número de transfers a 20 mensuales por cada matrícula de taxi que opera en Gando —donde operan licencias tanto de Telde como de Ingenio—.
El coto establecido a los transfers —taxistas de otros municipios que operan con un precontrato por parte de los viajeros— llegó en el año 2020 ante la situación excepcional que trajo consigo la COVID-19. Una decisión que nunca se revirtió. Ni siquiera cuando la pandemia acabó. Por ello, el tema llegó a los tribunales tras una demanda de los taxistas.
"De manera reglada"
La justicia ya había dado la razón a los taxistas en 2025, cuando una sentencia de primera instancia argumentó que se trataba de una limitación de la libertad de empresa. El conflicto llegó este martes hasta una comisión de pleno del Cabildo de Gran Canaria, donde se pronunció al respecto el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa.
El responsable del área defendió la necesidad de que existan los transfers, pero siempre de manera reglada y sin caer —dijo— en el libre albedrío. “Lo que no puede ser es que haya personas con una licencia de taxi en Las Palmas de Gran Canaria y que pretendan estar permanente y exclusivamente trabajando en la puerta del Aeropuerto”, puso sobre la mesa.
Límites municipales
Resaltó que el servicio es municipal y las licencias deben operar dentro de los límites territoriales que tienen marcados. Puso como ejemplo que es como si alguien, con un taxi de Gáldar —municipio del que es alcalde— fuera pillado recogiendo a clientes en hoteles del sur de Gran Canaria. Sosa insistió en estudiar el punto de vista de todas las partes.
“Si escuchas a los taxistas de Ingenio y Telde dicen que son suficientes; si escuchas a la asociación [demandante], quieren que se liberalice. En medio tendrá que haber un acuerdo, no es negro ni blanco”, aseveró el consejero insular de Presidencia y Movilidad Sostenible.
Área sensible
Por otro lado, Sosa subrayó que hay ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria que protestan por la falta de taxis en horas punta, pero después —aseguró— hay personas con una licencia de la capital que están “permanentemente en el Aeropuerto”. ¿Que entendemos que pueda haber un contrato en un momento determinado al ser área sensible? Sí, pero reglado”, afirmó.
Explicó que el Aeropuerto se declaró área sensible en el año 2014, un instrumento que permite la existencia de transfers —al igual que en los puertos de Las Nieves y La Luz— si la demanda lo requiere. Pero también es cierto que, hasta la irrupción de la pandemia, no habían existido limitaciones de ningún tipo a los taxis precontratados de otros municipios.
Tomar una decisión
El consejero detalló que desde la asesoría jurídica les han informado de que cabe recurso a la sentencia y apuntó que la limitación de los transfers se decidió con los puertos, los diferentes ayuntamientos, AENA y las asociaciones de taxis.
“Pase lo que pase con la sentencia, algo tendremos que tomar como decisión. Yo me he sentado con las cooperativas para buscar una solución”, concluyó en una intervención que surgió a raíz de una pregunta por parte de Julio Rodríguez, consejero de Coalición Canaria (CC).