El Comisionado de Transparencia ha dado la razón a la portavoz adjunta del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Gran Canaria, Pepa Luzardo, y obliga a Carmelo Ramírez, consejero del grupo de gobierno, a desgranarle una factura de 8.000 euros que había solicitado. Así queda reflejado en una resolución del pasado 7 de julio a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy.
La disputa por acceder a la información comenzó cuando el consejero de Ramírez, responsable del área de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, 12 de julio de 2024, rechazó la solicitud de Luzardo para conocer el desglose de una factura a nombre de la asociación Oportunidades de Vida enmarcada en el proyecto de Salud Materno Infantil Bamako VII.
5.000 páginas
El consejero lo desestimó acusando a Luzardo de haber llevado a cabo un uso excesivo de las solicitudes de información presentadas. Según detalla el informe recogido en el expediente del Comisionado, se le ha facilitado unas 5.000 páginas entre el 29 de enero de 2024 y el 23 de julio de aquel año. En esta ocasión, el objetivo era que se desglosara una factura de viajes para conocer, entre otras cuestiones, quienes habían viajado y en qué fechas.
“Es un proyecto anual que va por la novena edición, consideramos que la factura debe estar desglosada, saber quienes viajan para ver si tiene justificación que viajen seis personas cuando en el destino solo se gastan el 34,52% y el 64,15% se queda en el origen, que es Gran Canaria, aunque es un proyecto de solidaridad con Mali”, recoge la reclamación presentada por la popular.
Los gastos
Ramírez contestó que el 14 de junio de 2024 le hizo entrega del expediente completo del proyecto y que unas semanas más tarde, el 5 de julio, la reclamante solicitó su comparecencia en comisión de pleno con el objetivo de conocer el desglose de la factura. Además, expone que cinco días después le aportó documentación donde se detallan datos relativos a la identidad y vinculación laboral de quienes participaron en el viaje.
“En la justificación del proyecto se imputaron los gastos correspondientes únicamente al traslado de cinco personas, y no de seis, como sostiene la reclamante. La factura presentada como justificación del gasto fue emitida por la Agencia de Viajes encargada de gestionar el traslado, por lo que constituye un documento válidamente expedido por dicha entidad”, prosigue.
Un gestor automático
Ramírez destaca que la subvención se justificó de manera correcta. Por otro lado, subraya que el Servicio de Solidaridad Internacional ha gestionado, en lo que va de año, más de 350 expedientes de concesión y justificación de subvenciones, revisando más de 4.000 facturas de gasto. Pero no solo eso, sino que ha cumplido “con otros numerosos cometidos vinculados a los fines de este servicio”.
En su respuesta, Luzardo denuncia la acusan de excederse en lo razonable, “sobrepasando manifiestamente los límites normales del ejercicio de mi derecho a la información como consejera de este Cabildo de Gran Canaria”. “No es mi culpa que en pleno siglo XXI este cabildo no disponga de un gestor automático de expedientes”, agrega.
Plazo
“Adjunto varias facturas de viajes de esta entidad presentada en la justificación de otros proyectos que se puede apreciar perfectamente quienes viajas, cuando viajan y la fecha exacta de ida/vuelta. por tanto, no es lógico que en una factura de 8.000 euros no aparezca quienes son las seis personas que viajan, importe de cada billete y fecha exacta del viaje”, prosigue.
En la resolución que ha podido consultar este periódico, el Comisionado de Transparencia le da a la Corporación Insular un plazo de 15 días para cumplir con la entrega de la documentación a Luzardo. Además, recoge que procede analizar la reclamación teniendo en cuenta que la solicitud de información se realizó por una consejera del Cabildo en el ejercicio de su cargo.
En favor de la consejera del PP, apunta que “el derecho de acceso de los electos locales es un derecho constitucionalmente reforzado y privilegiado en comparación con el que ostentan los ciudadanos particulares”, tal y como ha quedado reflejado en numerosas resoluciones del Comisionado de Transparencia desde el año 2016 —una idea incluida también en sentencias del Tribunal Supremo (TS)—.